Resulta inevitable resaltar el contraste entre lo referido y la posición gubernamental de cara a la conducta de algunos de sus integrantes más conspicuos

El juicio de responsabilidades en puertas contra cinco ex presidentes constitucionales de la República y otro probable a un ex candidato a la primera magistratura en función actual de constituyente, ha tomado por sorpresa a la opinión pública nacional, si bien es evidente que los primeros se veían venir por causa de obrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y bancadas parlamentarias de distintas fuerzas políticas, particularmente la del Movimiento al Socialismo en ejercicio del poder público.

Más aun, la información relativa al caso, difundida con inusual despliegue por los medios de comunicación ayer, debió haber tenido repercusión en el exterior, mostrando una faceta más del proceso iniciado en Bolivia sin precedente histórico a principios del año en curso, circunstancia que en su tiempo despertó considerable simpatía más allá de las fronteras patrias, sentimiento que empero se inclina hoy más por el desconcierto y quizá la perplejidad en virtud de lo que acontece dentro de nuestro territorio.

Y es que en ambos escenarios, el hecho puede interpretarse como una manifestación del revanchismo que parece inspirar las acciones del gobierno, desde el etnocentrismo que ha asumido sin disimulo, cuando no cual instrumento destinado a afianzar su evidente afán hegemónico despejando el ambiente de cualquier figura que significara sombra u obstáculo para el logro de su objetivo, hipótesis que tendría mayor sustento todavía si se toma nota de que únicamente a los ex mandatarios fallecidos no les alcanzarán los procesos en ciernes.

En este sentido, la afirmación de un Ministro de Estado en torno de que la iniciativa de la Fiscalía General y parlamentarios del oficialismo de llevar a los estrados judiciales a Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, así como posiblemente a Samuel Doria Medida, no es una "caza de brujas" sino preocupación del pueblo boliviano por el esclarecimiento de sucesos pendientes, a la vez que su voluntad de que "delincuentes, mafiosos y criminales" dejen de gozar de carta de ciudadanía, corroboraría aquellas percepciones, en lugar de evitarlas, máxime si al mismo funcionario le cupo anunciar que el Ejecutivo hará todo lo necesario para impedir que en Bolivia se mantenga lo que calificó de blindaje de impunidad.

El tema, pues, dará todavía mucho que hablar en el país y fuera de él por carecer ni de antecedente propio, ni de parangón --que se recuerde, al menos-- en la comunidad internacional.

De momento, resulta inevitable resaltar el contraste entre lo referido líneas antes y la posición gubernamental de cara a la conducta de algunos de sus integrantes más conspicuos; v.gr la del titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el escándalo de la venta de petróleo a una empresa privada, y la del Presidente del Senado y un miembro de ese cuerpo legislativo en la detención de un recomendado suyo cuando emprendía viaje hacia la península ibérica portando cocaína oculta en el equipaje.