Para mañana está prevista la respuesta de la empresa Transierra a la demanda de la Asamblea del Pueblo Guaraní relativa al pago de nueve millones de dólares por "derecho de paso" del gasoducto Yacuiba-Río Grande en la región oriental, luego de que una larga negociación entre las partes y representantes del gobierno, lograra la desocupación de la estación Parapetí y zanjara la amenaza del cierre de válvulas.
Medidas de presión como ésta se van tornando corrientes en el país, sin saberse a ciencia cierta si tienen algún respaldo legal o responden simplemente al capricho de los dirigentes de grupos étnicos ávidos de mejorar sus condiciones de vida ante la desatención del Estado.
En el Chaco, en efecto, ocurrió algo similar no hace mucho, y nada raro que se repita en el norte de La Paz si es que la explotación del petróleo recientemente descubierto allí es autorizada en medio del de por sí impedimento ambiental.
Que se sepa, los jirones del territorio nacional no pertenecen a determinados grupos sino a todos los bolivianos, como que la construcción de carreteras no suele aparejar beneficios económicos para ninguno de aquellos, modalidad que por analogía debiera aplicarse a los oleoductos y gasoductos.
Sería oportuno que las autoridades se pronuncien y establezcan una jurisprudencia sostenible al respecto.
