La Paz | Abi.- La Cámara de Diputados retomará a partir del martes próximo la discusión sobre la redistribución de escaños parlamentarios y tomará como punto de partida el proyecto de ley presentado por la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz en junio pasado.
El trabajo se hará en el marco del fallo del Tribunal, que declaró inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral que establece el número de diputados por cada departamento, por lo que encomendó al Poder Legislativo a aprobar una nueva reasignación de escaños parlamentarios sobre la base de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001.
Con el proyecto de la bancada cruceña, que plantea la modificación del Código Electoral en sus artículos 87 y 88, habría departamentos que ganarían representes ante el Parlamento y otros, como La Paz, que perderían al menos cuatro escaños.
La Cámara Baja tiene 130 miembros, de acuerdo con la siguiente distribución departamental que establece el actual artículo 88 del Código Electoral y que toma en cuenta la variante que podría aprobarse, quedaría conformada de la siguiente manera: La Paz tiene 31 baja a 27; Santa Cruz de 22 sube a 26, Cochabamba de 18 a 19, Potosí de 15 a 13, Chuquisaca se queda con 11, Oruro de 10 baja a nueve, Tarija de nueve sube a 11, Beni se queda con nueve y Pando con cinco.
Esa asignación toma un mínimo de cinco escaños, "por equidad", para los departamentos con menos población y menor grado de desarrollo económico.
El artículo 60 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo primero señala que la Cámara de Diputados se compone de 130 miembros, y en el parágrafo sexto aclara que la distribución de escaños entre los departamentos se determina en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, William Paniagua, dijo que el Congreso tendrá que modificar el Código Electoral y aplicar el artículo 60 de la Constitución para viabilizar el fallo del Tribunal.
El congresista exhortó a sus colegas a iniciar el proceso de discusión para la modificación del Código Electoral para evitar cualquier riesgo de inconstitucionalidad de las elecciones nacionales previstas para diciembre.