La difusión de la fórmula de regulación sectorial es una tendencia mundial que va dando paso al Estado Regulador. Las dos etapas anteriores a este fenómeno han caracterizado las labores del Estado. Es así, que de un Estado de Bienestar se ha dado paso a un Estado Neoliberal. Hoy, con la velocidad de la difusión de la fórmula, se está dando lugar al Estado Regulador.
Si hacemos un poco de memoria, el Estado de Bienestar vino a posicionarse como una alternativa para la generación de empleo y, fue a través, de potenciar la demanda ciudadana de servicios públicos. Bajo esta lógica el estado empleaba a un sin fin de trabajadores para la producción de éstos servicios que, por su lado, garantizaban el bienestar social. La fórmula puede traducirse en: estado empleador y estado prestador de servicios. Ya sin hacer tanto esfuerzo de memoria, recordemos que el Estado de Bienestar terminó quebrado. Las demandas demagógicamente crecientes asfixiaron a dicho estado. En democracia y con la libertad de expresión, manipulada políticamente, era imposible mantener la economía saneada. El endeudamiento y la crisis vinieron seguidas de los discursos populistas irresponsables.
Emergió entonces, el Estado Neoliberal que resaltó las complicaciones y la falta de incentivos en la administración y prestación estatal de los servicios públicos. Al mismo tiempo, demostró la imposibilidad de generar eficiencia y responsabilidad económica. Se evidenció que bajo el anterior modelo, de dependencia del discurso demagógico, el déficit era cosa de todos los días. Por consiguiente, el equilibrio del mercado, predicado por los neoliberales, representó una oportunidad para remediar las patologías de las economías públicas. La privatización se puso de moda. El mercado no dependía más de la demagogia. Al mismo tiempo, se creyó que el mercado podía ser un gran empleador. Sin embargo, las nuevas tecnologías y la competencia exigían eficiencia no beneficencia.
Y es así, como la movilidad de personas destruye familias, las obsesiones capitalistas sin límites defraudan Estados. Dos corrientes nos explican este asunto. Una, que el fraude no es intencionado, se debe a la insuficiencia de información para la correcta toma de decisiones. Es preciso generar instituciones que reduzcan los costos de información y que sean creíbles. Otra, menos neoliberal, exige la moderación de la conducta del mercado que no solamente induce a conductas fraudulentas producto de la ambición de las personas, sino que tampoco se produce el efecto rebalse esperado.
El efecto rebalse fue la promesa, técnicamente expuesta, de que el progreso capitalista iba a repercutir de manera positiva en todos los estratos sociales. Es decir, el empleo y la capacitación venían de la mano de una lógica empresarial beneficiosa. De haber sido acertada la promesa, no veríamos la forma en la que el mercado discrimina a las personas. Lo lamentable, no es que el mercado prive a los bolivianos de tener artículos de gran lujo, sino que el mercado de los bienes y servicios básicos es el que discrimina a las personas.
De ahí que nace la fórmula de la regulación. Los demagogos ya no son creíbles para los entes financieros, el populista de hoy es responsable con el pago de la deuda; el grado de especialización, para manejarse en los mercados, es un lujo que el presupuesto de recursos humanos de la administración pública no puede darse. El juego competitivo no puede cumplirse si la política corrupta beneficia a sus partidarios. Y, el horizonte temporal de los gobiernos no garantiza la estabilidad para los inversores.
El neoliberalismo sin instituciones fiables que regulen la actividad económica (competencia), por un lado, y el neoliberalismo sin instituciones que se preocupen por la redistribución equitativa de la riqueza (desigualdad), por otro, son dos razones: una de derecha y la otra de izquierda que se cuestionan y dan pié a la idea de la regulación.
Actualmente, en Bolivia se viene discutiendo el nombramiento de nuevos superintendentes, sin embargo, aún no se ha llegado a la profundidad que implica la "calidad de la regulación". Continuamos ante la presencia de monopolios empresariales, tolerando incluso, la obsesiva protección de los capitales extranjeros. Las superintendencias, en muchos de sus casos, reproducen las pesadas y ociosas burocracias estatales y, en otros, simplemente son inoperantes. La regulación de capitalismo se ha traducido, con la paradoja de la tasa de regulación, en el paternalismo a favor del inversionista.
Nada de lo dicho líneas arriba depende únicamente de un nuevo, meritorio y competente superintendente, pues va mucho más allá. ¿Alguna vez la superintendencia de hidrocarburos se preguntó si es que era posible mejorar la recaudación tributaria y de regalías (aún en un 1%) a favor de los bolivianos sin que esta medida significara la huída o quiebra de las empresas? ¿Es verdad que todos los apagones de luz se deben a niños jugando con volantines? ¿Qué con la auditoria en Aguas del Illimani? ¿Es que acaso son empresas deficitarias, se van a ir y no van a invertir ni un centavo más? Seguro que no. Ésto pretende demostrar que, mucha de la abundante legislación reguladora, se ha concentrado en interminables trámites de ventanilla cuando no en la regulación propia de los mercados y los beneficios sociales que pueden perseguirse a partir de las oportunidades que saca a luz la competencia debidamente regulada. Lo que la "técnica" pudo haber justificado (idoneidad y sensibilidad social) tiene que combatirse en las cal es con palos y piedras.
La intensión, que ahora resalta, de universalizar servicios públicos sólo puede interpretarse en dos sentidos: primero, que se han de subvencionar servicios públicos a costa del estado, protegiendo una vez más a los "humildes inversionistas" (que se aprovechan de la inestabilidad política y de la rentabilidad de los servicios públicos) e introduciendo de regreso la lógica de la política, que en un principio, era el mal del que los técnicos nos venían a curar y, como segundo sentido, que están reproduciendo la demagogia y el populismo para justificar su permanencia, altos sueldos y componenda política. Algo tenían que idearse después de que Evo propuso revertir el SIRESE.
Finalmente, más allá de Evo, necesitamos reguladores que no sean irresponsables como los demagogos, que sean especialistas en el complejo manejo del mercado internacional, que se sean bien pagados para no tener servidumbres políticas ni empresariales y que se garantice la permanencia en sus funciones. Es evidente, el regulador importa, pero la "calidad de la regulación" aún más. Si una regulación es perjudicial para los intereses de desarrollo nacional, la honestidad del regulador será cumplir con sus atribuciones y perjudicar según dicta la norma. Más allá del quién, si la regulación no justifica su validez económica y social, de qué sirve discutir tanto sobre los nuevos superintendentes. El mercado, sin instituciones que marquen claras y legitimas reglas de juego, antes que un espacio para la libre competencia, más bien es un campo de batalla en el que puede triunfar quien tenga menos escrúpulos.
El autor es master y doctorando de Gobierno y Administración Pública de la Fundación Ortega y Gasset, reside en Madrid.
