El camino hacia las urnas no tiene por qué verse en riesgo de interrupción, como tampoco de fracturas la unidad de las regiones que componen la geografía de Bolivia.

La sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la inconstitucionalidad del artículo 88 del Código Electoral ha provocado artificial remezón en el mundillo político nacional, reacio a reconocer que una inadmisible omisión suya fue la que motivó el recurso correspondiente y proclive, más bien, a encontrar fantasmas donde no los hay, todo en respuesta a los intereses sectarios y en franco desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente en el país.

Más todavía, la reacción fue insólita si se toma en cuenta que la autodenominada clase política tuvo el tiempo suficiente para prepararse y aguardar el fallo con el remedio a la mano; es decir, una ley modificatoria de aquel artículo para evitar cualquier contratiempo en el proceso que debe desembocar en las elecciones generales, el mes de diciembre próximo.

Pero esto no queda ahí, sino que se dio el caso, inaudito por cierto, de un parlamentario cochabambino que aferrado a esa posición interesada y pasando por alto que en virtud de la sentencia tribunalicia al par que en pleno derecho, la representación del distrito se incrementará en la siguiente composición de la Cámara de Diputados, pretendió hallar en aquella afanes destinados a evitar la realización de los comicios, atribuyéndolos a los frentes que no comulgan con el suyo, donde de paso y con cualquier motivo, la Embajada de los Estados Unidos carga el sambenito.

¿Es que se esperaba del Tribunal Constitucional un pronunciamiento adverso al referido recurso, con lo que no habría hecho otra cosa que desconocer un mandato de la carta fundamental, además de atentar contra sí mismo y restarle validez a su existencia como mecanismo encargado de la constitucionalidad de las leyes, precisamente? ¿O se pensó que un nuevo "pacto de caballeros" --léase componenda-- entre los partidos serviría de instrumento para eludir la juridicidad en pro de la primacía del tráfago político en el quehacer del país?

El camino hacia las urnas no tiene por qué verse en riesgo de interrupción, como tampoco de fracturas la unidad de las regiones que componen la geografía de Bolivia, siempre y cuando los actuales representantes nacionales se ajusten a lo que prescriben las normas y cada distrito acepte la realidad que significa la migración interna, generalmente causada por ellos mismos --unos más que otros, desde luego-- hacia sus pares vecinos, lo que redunda en crecimiento de población e inevitable redistribución de escaños parlamentarios.

En este sentido, la propia Corte Nacional Electoral ha encendido el farol que ilumine a los congresistas, señalándoles que cuentan todavía con un lapso de 15 días para subsanar sus despropósitos, atenerse a la Constitución y proceder a reemplazar el cuestionado artículo, de modo que se proceda a una nueva asignación de diputaciones.

Insistir en lo contrario no sería sino agravar esa peligrosa anomia que amenaza a la institucionalidad y al futuro mismo de la República.