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LUTO | Un grupo de vecinos marchó pidiendo por la paz en Cochabamba y para recordar a Christian Urresti con una vigilia en la gruta que se levantó en su memoria
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Detuvieron a Rosales tras confundirlo con cocalero
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| Redacción Central
"Un cocalero está disparando", "Policía, policía, hay un hombre armado, está disparando", fue la denuncia que hizo un grupo de jóvenes del lado de los cívicos a un policía durante los enfrentamientos del 11 de enero pasado, cuando movimientos sociales afines al MAS y grupos cívicos protagonizaron una feroz pelea en la plazuela de las Banderas.
Uno de los jóvenes aseguraba que la bala le había rosado por las orejas. Un operativo inmediato con la ayuda de una patrulla hizo que minutos después fuera aprehendido en poder de dos armas Alex Rosales Orellana (38), quien, según los informes de guantelete y de balística, es quien disparó y mató al cocalero Juan Ticacolque Machaca, un par de horas antes de la detención.
Pero esa tarde, para los jóvenes cívicos, el hombre "con abrigo café y gorra" al que perseguían por El Prado junto con la Policía era un cocalero.
El sospechoso caminaba con paso acelerado hacia la avenida Ayacucho, cuando un agente lo tomó por sorpresa por la espalda y lo sujetó por la cintura, en donde encontró un arma nueve milímetros con dos proyectiles listos para ser activados. Después de una rápida revisión, los policías hallaron, en una de las pantorrillas, la segunda pistola calibre 25 con cuatro proyectiles.
La aprehensión originó que una multitud de cívicos le propine una tunda acusándolo de cocalero, por intentar disparar contra uno de los jóvenes que acompañaba la marcha contra los sectores sociales. La intervención de una patrulla apaciguó a los manifestantes.
"No soy cocalero", "he disparado al aire para defender a mi hermana" contó el detenido al llegar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a las 17:00 de la tarde trágica, a tiempo de pedir a los agentes que anoten bien la hora en la que estaban dejando en las celdas porque no quería que lo responsabilicen de la muerte de alguien sólo por haber sido detenido en posesión de dos armas.
Su pedido fue considerado pero a los pocos minutos ya se difundía la muerte de Juan Ticacolque Machaca (primero identificado como Nicómedes Gutiérrez), que murió tras recibir un impacto de bala en el brazo derecho, que perforó el pulmón de la misma localización y finalmente el tórax.
Misa y vigilia por la paz
Con las señales aún frescas del incendio que devastó gran parte de la Prefectura de Cochabamba, los trabajadores y directores del gobierno departamental participaron en una misa que llamó al perdón por las agresiones del 11 de enero de 2007.
La celebración también conmemoró el primer año de gestión del prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien no estuvo presente debido a que, según informaron sus colaboradores, viajó a Estados Unidos a denunciar que intentaron derrocarlo a través de sectores sociales.
A la misa en la Prefectura, se sumó, por la noche, una marcha de grupos cívicos por la paz y en recuerdo de Christian Urresti Ferrel (17), muerto en el enfrentamiento del 11 de enero, en las calles Mayor Rocha y Baptista. La movilización reunió a vecinos y jóvenes que realizaron una vigilia en la gruta que se levantó en la zona donde falleció el manifestante.
Más querellas y testigos
La Alcaldía de Cercado se sumó a la investigación del enfrentamiento al interponer una querella más para que la Fiscalía esclarezca las muertes y destrozos que dejó la confrontación. La demanda no señala a los autores, según el alcalde Gonzalo Terceros, porque se busca dar con quienes alentaron la contienda civil.
La querella está acompañada de una nómina con 20 testigos, dos CDs con imágenes filmadas por personal de la Alcaldía y direcciones electrónicas utilizadas para convocatorias a marchas, aunque Terceros sostiene que el municipio no participó en la movilización como institución, sino los trabajadores como afiliados a la Central Obrera Departamental.
El ex fiscal, Jaime García, acompañó la presentación de la demanda para pedir que la Fiscalía active el programa de protección de testigos, que debe contar con los fondos necesarios para resguardar a las personas que cooperen con la investigación.
El diputado de Unidad Nacional, Arturo Murillo, también anunció que interpuso una demanda contra la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz.
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