La Paz | La Prensa
El 6 de junio de este año, los ministros recibieron una carta de cuatro páginas firmada por el titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en la que les ordena que no envíen directamente al presidente Evo Morales ningún proyecto de decreto supremo ni anteproyecto de ley para el Congreso.
En la misiva se hace referencia al proceso de tramitación establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto 28631, donde se establece que será ese despacho el que centralice las propuestas normativas de los ministerios y defina si éstas cumplen los requisitos para obtener "el respaldo legal y técnico suficiente" para llegar a manos del Jefe de Estado.
La Prensa tuvo acceso a una copia de estas cartas y en ella, Quintana advierte a sus colegas que estas disposiciones "son de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento".
Les instruye que "las instituciones públicas deberán, obligatoriamente, tramitar los proyectos de decreto supremo que propongan a través de los ministros cabeza de sector, debiendo dicha instancia presentarlos con nota expresa para el efecto" y establece que los requisitos para presentarlos son: un proyecto de decreto firmado por el Ministro del área, una versión mágnética o disco compacto con el proyecto de decreto, informes técnico y legal, antecedentes de tuición y respaldo y un informe de aprobación de esa cartera.
Un ministro, que recibió la instrucción escrita, dio a conocer su molestia por esa forma de organización pues considera que el titular de la Presidencia asume decisiones que le corresponden al Presidente. También asegura que muchas de sus propuestas quedaron estancadas en este despacho, sin que lleguen ni a manos del Jefe de Estado ni al Congreso, inviabilizando los programas de su despacho.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, dijo no conocer el contenido de la misiva. Sin embargo, explicó que "no es evidente" que las sugerencias de los ministerios no lleguen donde corresponde.
"De acuerdo a lo que establece el decreto, todo proyecto que llega firmado por el Ministro del área pasa al Ministerio de la Presidencia, de allí al Conape y luego al Gabinete donde se firma".
Sin embargo, dijo que algunas propuestas fueron "observadas y obviamente modificadas o devueltas". Luego explicó que las sugerencias que no siguieron el curso regular fueron "presentadas por viceministros o directores, vulnerando la LOPE".
La carta dice que "los anteproyectos de ley que se originen en los ministerios o instituciones bajo tuición o dependencia del Ejecutivo deben seguir el mismo procedimiento".
Dos analistas concuerdan en que esta organización del Gobierno vulnera principios legales y el normal relacionamiento entre pares en el Ejecutivo.
María Teresa Zegada aseguró que al definir que sea el Ministro de la Presidencia quien "fiscalice" todos los proyectos de ley, el Gobierno atentó contra principios democráticos.
El artículo 71 de la Carta Magna dispone que las propuestas de ley pueden ser entregadas al Congreso "por mensaje del Poder Ejecutivo a condición de que el proyecto sea sostenido en los debates por el ministro del respectivo despacho".