Santa Cruz | El Deber y ANF
En medio de bloqueos, de una marcha de indígenas de Pando y del anuncio de una masiva movilización de los pueblos originarios de Santa Cruz a La Paz para la aprobación inmediata de las modificaciones a la actual Ley Agraria, el INRA determinó "congelar" indefinidamente la recepción de solicitudes de saneamiento y de demandas de tierras hasta que el Presidente promulgue la ley "corta" que amplía por siete años el plazo de saneamiento y titulación de tierras.
Sin embargo, el vocero de Palacio, Alex Contreras, dijo ayer que la promulgación está postergada porque no existe consenso para su cumplimiento, especialmente entre organizaciones indígenas y campesinas.
Añadió que el presidente Evo Morales realiza consultas con las organizaciones sociales en busca de consensos y en la perspectiva de que esta ampliación sea acatada por todos los sectores involucrados en el tema agrario.
"Si no hay consensos no hay promulgación", indicó Contreras al explicar que la posición del Gobierno es frenar la marcha anunciada por los sectores.
Dionisio Rivas, director del INRA Santa Cruz, informó que los trámites de saneamiento hasta antes del 18 de octubre continuarán su curso; sin embargo, las demandas posteriores a esa fecha fueron suspendidas y a partir del pasado lunes se ha dejado de recibir las nuevas solicitudes.
"Se trata de una precaución legal, por ello hemos decidido paralizar toda publicación de edictos después del 18 de octubre. Si bien la población critica nuestro accionar, pero hay que cumplir con lo que establece la ley. Si el Congreso sancionó esta norma la anterior semana, el Presidente tiene 10 días para promulgar la ley y si no lo hace, esa ley estará vigente desde el 3 de noviembre. No creo que exista ningún problema jurídico, ya que el vicepresidente Álvaro García Linera, selló un compromiso con los sectores sociales y empresariales en Santa Cruz", sostuvo.
En ese sentido, la autoridad agregó que desde hoy se continuará con el proceso de saneamiento en el predio Claudia y en los polígonos 125 y 126.
"Iniciaremos la campaña pública en las 100 mil hectáreas y posteriormente ingresará el Instituto Geográfico Militar", acotó.
Al respecto, el director nacional jurídico del INRA, Juan Zurita, confirmó que se dejó de recibir las demandas de tierra y de saneamiento hasta que sea promulgado el artículo único que avala la continuidad del proceso. Tras la suspensión de las solicitudes por parte del INRA, quedan más de 60 millones de hectáreas sin sanear.
Contradicción
A pesar de las declaraciones de Contreras, el jefe de bancada del MAS en el Senado, Gastón Cornejo, señaló que la promulgación de la ley que amplía el plazo de saneamiento de tierras por siete años más está asegurada y descartó la necesidad de buscar consensos, tal como señaló el vocero presidencial.
Cornejo informó de que los máximos dirigentes políticos del MAS se reunieron con el Presidente para asumir una posición conjunta sobre la Ley de Penas en el Congreso del jueves y en esa oportunidad, Morales, se había comprometido a promulgar la ley en las próximas horas.
Por su parte, el asesor de Tierras de la Confeagro, Luis Baldomar, dejó abierta la posibilidad de llegar hoy a un acuerdo definitivo con el Ejecutivo.
EL PROCESO
En el periodo de octubre de 1996 a octubre de 2006, el INRA, a través del proceso de saneamiento de tierras rurales, logró una cobertura de apenas del 43 por ciento de la superficie predeterminada para este objeto (una superficie total de 46,1 millones de hectáreas, entre superficie titulada, por titular y en proceso), con una inversión de 88,3 millones de dólares.
Campesinos rechazan cambios
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Isaac Ávalos, informó que las modificaciones a la Ley 1715 propuestas por Confeagro fueron rechazadas por su sector.
Ávalos anticipó que una marcha de los indígenas y campesinos llegará a la sede de gobierno, posiblemente, a principios de noviembre o para cuando el Senado, donde el MAS no tiene mayoría, inicie el tratamiento de la norma.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) postergaron para este jueves la marcha a La Paz por la Ley INRA. Hasta ayer, había más de 200 originarios en ambas sedes de las organizaciones y se estima que más de 300 indígenas llegarán hoy.
Para modificar la Ley INRA, el Gobierno, a través del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo; dirigentes de Confeagro y los prefectos de la "media luna" acordaron el pasado 18 de octubre seguir con el proceso de saneamiento por siete años más y consensuar hasta fines de este mes los demás puntos de los cambios a la Ley INRA.
