Cuanto se vaya a decidir en la Asamblea Constituyente debe tener el inexcusable sustento de preservar la integridad y la nacionalidad boliviana por sobre cualquier otra consideración que sólo podría conducirnos a una suerte de balcanización del país que nadie desea.
Todos los proyectos y anuncios hechos públicos por el gobierno nacional, el Movimiento al Socialismo o las organizaciones sociales afines al oficialismo apuntan a la conformación de un Estado social y comunitario de corte étnico, con hegemonía indígena, organizado e inclusive atomizado en función de los pueblos originarios existentes en el país, según conclusión a la que se ha podido arribar en un reciente y revelador debate organizado en el diario Correo del Sur, en el marco de la red Pacto del Grupo Líder, y al que fueron invitados miembros de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Si bien es cierto que no existe, todavía, una propuesta debidamente documentada del MAS para la redacción de la nueva Constitución Política del Estado, no es menos evidente que los más importantes e influyentes dirigentes del actual esquema gubernamental tienen una visión acentuadamente etnocentrista del actual proceso de cambios que vive la República.
Y sin apelar a definiciones más complejas, convendría señalar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, etnocentrismo es una "tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades".
Huelga recordar que, en la presente coyuntura, esa tendencia emocional tiene como principal exponente al partido político en función de gobierno, partido que, además, controla la mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente.
En ese contexto, la propuesta del MAS (o de un sector importante), que implicaría rediseñar la estructura territorial y administrativa del Estado en función de las nacionalidades indígenas, se presenta como uno de los temas de candente polémica en las futuras deliberaciones de la Asamblea Constituyente.
Sobre este particular, y no sin antes reconocer la incuestionable necesidad de crear nuevos mecanismos de inclusión para los sectores indígenas y campesinos secularmente marginados por el Estado, no habría que perder de vista el riesgo que existe de sustituir un sistema considerado excluyente por otro de las mismas características, aunque con rasgos distintos.
El modelo de Estado que vaya a diseñarse en la nueva Constitución Política del Estado debe fundarse sobre un pilar tan básico como fundamental: la realidad sociocultural y política del país.
Esa realidad nos muestra, sólo por citar un ejemplo, que Bolivia es un país mayoritariamente mestizo que continúa experimentando una creciente tendencia al fenómeno migratorio campo-ciudad; que los campesinos e indígenas originarios configuran un mapa de diversidad cultural tan amplio y heterogéneo que hace inviable en el tiempo la atomización del país en territorios indígenas o el predominio de una etnia sobre las restantes.
Por eso, cuanto se vaya a decidir en la Asamblea Constituyente debe tener el inexcusable sustento de preservar la integridad y la nacionalidad boliviana por sobre cualquier otra consideración que sólo podría conducirnos a una suerte de balcanización del país que nadie desea.
