Santa Cruz | El Deber.- El conflicto por la tierra se extiende en Santa Cruz y en el país. Mientras el Gobierno y el INRA insisten en que no hay toma de tierras en el departamento, ayer se registró una nueva ocupación ilegal en la propiedad del corredor José "Monín" Camacho, distante a 60 kilómetros de la capital.
Con este predio ya son siete los fundos tomados en la región. A esto se agregan cuatro zonas en Oruro, que también están afectadas por la toma de tierras, mientras el intento de diálogo se enturbia.
Un grupo de 35 originarios, acompañados de sus familias ingresaron hace cinco días a la propiedad El Callejón, situada en la Brecha 7 camino a la planta de Río Grande, y han desmontado varias hectáreas con el objetivo de dedicarse a la agricultura. Víctor Ruiz, uno de los dirigentes del denominado Pueblo Guaraní, manifestó que ese predio pertenece a los originarios de la Brecha 7, ya que llevan asentados más de 30 años y, por lo tanto, no saldrán del lugar hasta que se les dote unas 740 hectáreas.
"El corredor "Monín" Camacho no trabaja sus tierras, ni siquiera tiene pastizales para sus vacas. Además, tenemos autorización del INRA", dijo.
Al igual que él, Celia, una humilde mujer, sueña con hacer realidad el derecho propietario de por lo menos unas 20 hectáreas para poder sembrar maíz, sésamo y sorgo. Más allá, otro comunitario identificado como José Gutiérrez, asegura que no saldrán del lugar y están dispuestos a morir por la tierra.
Por su parte, el empresario Camacho denunció que los guaraníes ya desmontaron varias hectáreas, sacrificaron varias reses y siguen expandiéndose por la zona. "Aquí no hay ningún autoavasallamiento. He pedido el desalojo, y mañana (hoy) posiblemente intervenga la Policía junto con la Super Forestal", indicó.
Sin embargo, el superintendente forestal, Antonio Martínez, dijo desconocer la denuncia, pero que enviará una comisión al lugar para verificar el desmonte.
Mientras tanto, la situación en Guarayos se mantiene invariable en las propiedades de los menonitas Villa Cariño, de Luis del Río, 29 de Junio, Rancho Nuevo, Rancho Chico, Claudia y Carolina. Si bien el Gobierno a través del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, instó nuevamente al diálogo al sector agropecuario, la Confederación Agropecuaria Nacional y la CAO ratificaron que mientras no haya desalojo no habrá diálogo.
El Gobierno asegura que no permitirá más tomas
El Gobierno continuará el diálogo sobre la distribución de tierra con o sin la presencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), porque necesita llegar a un consenso para la aplicación democrática de las nuevas disposiciones agrarias.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que el Gobierno le pondrá límite al tiempo del diálogo porque no se puede esperar indefinidamente a los empresarios para la resolución de uno de los grandes problemas del país.
Dijo que el cierre del diálogo "dependerá cómo marcha el consenso, porque el único diálogo que existe y es necesario no es con los empresarios, sino con sectores mayoritarios, con los que se trabaja desde hace varios meses".
Sin embargo, a pesar de la renuencia empresarial, el Ministerio de Desarrollo Rural continuará invitando a grupos agropecuarios, dispuestos a retomar el diálogo cuando ellos lo vean necesario.
Una vez más remarcó que existe necesidad de alcanzar un consenso con las organizaciones indígenas y campesinas.
En tanto, las Brigadas parlamentarias de Santa Cruz y Beni resolvieron interpelar al ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, y plantean su censura.
En Oruro también se registraron cuatro tomas ilegales en la zona de Huajara, Vinto, Challapampita y la zona sur.
