Santa Cruz | El Deber.- El proceso de licitación del proyecto siderúrgico Mutún entra en su etapa final. Ayer, en el Colegio de Abogados de Santa Cruz, se recibieron los sobres A de los proponentes que contienen los requisitos legales y técnicos. Se presentaron dos empresas y al final sólo calificó una.
Las dos interesadas fueron la angloholandesa Mittal Steel Group y la india Jindall Steel & Power, que entregaron sus propuestas antes del mediodía, como lo establecía la normativa.
A las 14:20 la comisión calificadora comenzó el proceso preliminar de evaluación para definir si las oferentes cumplieron con lo exigido, y determinaron, con la anuencia del ministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Villegas, que presidió el acto y encabezó al gabinete económico del Gobierno que se hizo presente, devolver el sobre a Mittal porque no reunía las condiciones requeridas.
En cambio, dieron el visto bueno a la documentación de Jindall, cuyos representantes siguieron de cerca el referido proceso.
La evaluación final de esta etapa continuará hoy y la respuesta final sobre el punto, se la hará conocer a la proponente hasta las 16:00. Si todo está bien, mañana se abrirá el sobre B que contiene la oferta económica para ver si llena las expectativas, explicó Jaime Zambrana, uno de los miembros de la comisión calificadora.
El veredicto final se conocerá el próximo martes 30 cuando el Gobierno anuncie si acepta la propuesta de Jindall o declara desierta la licitación.
En ese caso, adelantó Villegas, se procederá a abrir un nuevo proceso, pero no indicó cuánto tiempo durará.
Sobre el rechazo al sobre de Mittal, representado por Brian Wood, Villegas indicó que fue por falta de calificación. Wood evitó referirse al tema aduciendo que él sólo es un agente de la transnacional y que no tenía autorización de hablar públicamente a su nombre.
La empresa adjudicataria debe producir 1,4 millones de toneladas métricas de acero laminado cada año, resalta el pliego de licitación. En esa cantidad debe estar incluida la cobertura del total de la demanda nacional.
El contratista tendrá la potestad de explotar el reservorio durante 40 años sin posibilidad de extender su contrato. A partir de allí, el Estado podrá hacerse cargo de las inversiones que hizo la empresa y comenzar a explotar lo que sobra, más el 50 por ciento del resto de la reserva, o entregarlo a otra compañía para ese fin.
Aunque no se conoce la oferta económica, Juan Mogrovejo que funge como asesor técnico de Jindall, adelantó el pasado miércoles que las inversiones que proponen hacer en caso de ser elegidas para explotar las reservas de Mutún, están por los 1.500 millones de dólares.
También aseguró que están dispuestos a tender un gasoducto para tener la energía necesaria que hará funcionar la industria del acero, como también el área ferroportuaria Motacucito-Puerto Busch.
El acto de recepción y primera evaluación de la oferta fue seguida por expertos en la materia como el ingeniero Sergio Justiniano, uno de los primeros en alertar sobre la inconveniencia de adjudicar el proyecto a base del primer pliego que fue anulado el pasado 21 de enero.
En esta oportunidad dijo que le complace saber que su aporte sirvió para mejorar las condiciones técnicas y económicas del proyecto para beneficio del país.
Por su parte, el alcalde de Puerto Quijarro, Aldo Clavijo, que preside la mancomunidad de municipios del Pantanal boliviano, dijo vía teléfono desde esa ciudad, que estaba feliz porque el plan de industrialización de la frontera se cristaliza. "Estamos expectantes y esperamos que todo concluya satisfactoriamente. Aquí, todo el pueblo aguarda la adjudicación, porque sabemos que traerá cientos de empleos", agregó.
Se prevé que la industria del acero en frontera debe operar a partir del año 2008.
Montenegro: Basta con una buena oferta
Según el presidente de la Sociedad de Ingenieros, Roger Montenegro, la licitación del proyecto siderúrgico Mutún se puede cerrar con una oferta, si ésta colma las expectativas del Estado.
El ejecutivo dijo que no es necesaria la presentación de tres propuestas, porque este proceso no se enmarca en las Normas Básicas de Contrataciones del Servicio Público, sino que está respaldado por un Decreto Supremo.
También explicó que en caso de que la oferta no llene las exigencias técnicas y económicas, se tendría que volver a licitar, aunque sin cambiar las condiciones. En todo caso se abriría la oferta para los mismos y nuevos proponentes.
De ser así, el proceso no debería durar más de tres meses.
Montenegro afirmó que es necesario que el país muestre al mundo que estamos abiertos a la inversión extranjera, porque es difícil encarar proyectos industriales sin el respaldo económico foráneo.