Llama la atención que el gobierno hubiese decidido promover un conflicto del que difícilmente saldrá airoso, si es que lo hace.

Día que pasa, la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica tiende a deteriorarse más, desde que el Ministro de Educación llevara al congreso del sector, fallidamente realizado en la ciudad de Sucre, su iniciativa de establecer la formación laica y descolonizada en el sistema educativo nacional, con miras a que la Asamblea Constituyente a instalarse el próximo 6 de agosto ratifique el cambio de los programas actuales.

Previamente, el propio Presidente de la República había dado señales en ese mismo sentido, despertando susceptibilidades en la jerarquía eclesiástica e instituciones representativas de la sociedad civil, lo que en última instancia le inclinó a comprometerse a no variar la currícula en materia religiosa, corroborado entonces por su polémico Ministro, quien inclusive firmó un documento con una alta autoridad de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Pese a ello, ambos volvieron a sus pasos y esta es la hora en que parece confirmarse la afirmación de un sacerdote destacado por su labor pastoral en la ciudad de El Alto, en el sentido de que por detrás del titular de Educación y su posición, está el Primer Mandatario, supuestamente empeñado en destruir a la Iglesia.

No otra cosa se deduce del endurecimiento del discurso de uno y otro, llamando a la cúpula religiosa de oligarca, mentirosa y conspiradora, o comparándola con el clero católico durante la inquisición, cuando no amenazándola de ventilar en la Constituyente el rol eclesiástico en la etapa colonial; discurso este que en criterio del Cardenal Julio Terrazas, no hace otra cosa que crear espacios de guerra en el país, razón por la cual convocó al pueblo católico a no permanecer pasivo y defender, más bien, su fe.

Es decir que además de generar un distanciamiento entre el Estado y la Iglesia Católica, se estaría tratando de anular su prédica cristiana para reemplazarla por los credos y ritos andinos, como parte de la política etnocentrista e indigenista que alienta la presente administración, con particular énfasis desde el cumplimiento de su primer semestre en el ejercicio del poder.

Por contrapartida, sin embargo, no sólo la jerarquía, sino el grueso de la población, católica o evangélica, se oponen a una desviación y retroceso de tal naturaleza, cual se ha podido evidenciar en las ciudades de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, escenarios de una concurrida manifestación y un cabildo de respaldo a la preservación de lo que es una larga tradición en Bolivia, sin distinción de razas ni clases.

En este contexto, llama la atención que el gobierno hubiese decidido promover un conflicto del que difícilmente saldrá airoso, si es que lo hace.