La Paz | Anf.- Los ciudadanos paraguayos, Blas Franco y Ángel Acosta, acusados en su país por el secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas, se declararon en la clandestinidad a través de su abogado Andrés Zúñiga. El abogado patrocinante dijo que sus defendidos son perseguidos políticos y que continuarán como asilados hasta que el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) resuelva la apelación de suspensión de refugiados políticos.
El Conare revocó hace algunos días el estatus de refugiados con el que se beneficiaron Franco y Acosta porque se comprobó que ambos ciudadanos cometieron varios delitos comunes, aunque también se abrió la posibilidad de apelar esa decisión. Zúñiga afirmó que hará respetar los derechos de sus patrocinados.
"Se tiene 15 días y estamos en el término prudente", declaró al asegurar que su apelación cuenta con el fundamento "sobre el que el elemento probatorio que ha causado la revocatoria de la calidad de refugiados políticos fue falsa, montada y fabricada".
La búsqueda
Entre tanto, la Policía y el Ejército realizan varios operativos para dar con Acosta y Franco con la idea de cumplir con las órdenes emitidas desde la Corte Suprema de Justicia para fines de extradición, puesto que en Paraguay no se puede juzgar a nadie en rebeldía.
Ambos paraguayos, declarados prófugos por las autoridades nacionales, vivían en la Casa del Refugiado de la Ciudadela Ferroviaria de esta capital. Cuando el viernes se revocó su condición de asilados y luego que se emitió una orden de allanamiento, la Policía ni la Fiscalía no pudo encontrarlos.
En ese marco, la ministra de Gobierno Alicia Muñoz llegó a culpar a la Iglesia de encubrimiento en tanto dejó a Interpol la responsabilidad para dar con estos ciudadanos. Las declaraciones de esta autoridad, sumadas a los fracasados operativos despertaron en la oposición duras críticas.
Abusos
Los representantes de la Pastoral de Movilidad Humana denunciaron ayer que el Ministerio Público y la Policía actuaron con excesiva violencia durante el allanamiento realizado en la Casa del Refugiado y la Capilla adyacente, para encontrar a los paraguayos.
Los representantes de esta organización que coordina acciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Ildefonso Bortolotto y María del Carmen Navarro, señalaron que el Gobierno está vulnerando las garantías de estos ciudadanos que están aún en calidad de solicitantes de refugio porque tienen 15 días para apelar la decisión del Conare, que les revocó su calidad de asilados políticos.
La representante de esta Pastoral dijo que el allanamiento a la Casa Parroquial y el propio templo fue realizado sin autorización alguna, desvirtuando de esta manera la versión de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien aún asegura que no se pudo ingresar a la capilla "donde los paraguayos estaban protegidos por la Iglesia".
Los vecinos de la Ciudadela Ferroviaria se declararon en estado de emergencia y acusaron a las fuerzas del orden de continuar realizando labores de hostigamiento en el lugar, causando mucha tensión en todo el vecindario desde el pasado jueves 20 de junio.
ESTÁN EN BOLIVIA
El canciller David Choquehuanca aseguró ayer que los ciudadanos paraguayos, Blas Franco y Ángel Acosta, se encuentran en Bolivia.
Dijo que la desaparición de los paraguayos de la "Casa del Refugiado" desde el pasado jueves, no es culpa del Gobierno porque cumplió con los procedimientos a nivel del Consejo Nacional del Refugiado.
Sin embargo aseguró que los buscados no salieron de Bolivia y que continúan en territorio nacional, aunque no dio pistas dónde se encontrarían ocultos.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, descargó toda responsabilidad de la Policía Bolivia que -según la autoridad- estuvo vigilando por dos días el inmueble, de donde, a pesar de la custodia, lograron escapar.
