En 10 meses el contrabando movió 750 millones de dólares

Cada día que pasa son más los productos de contrabando que se comercializan libremente en los mercados negros de las principales ciudades del país y también más alto el porcentaje de pérdida para la economía formal y el Estado.

El valor de la mercancía ilegal comercializada en los mercados de Bolivia, los primeros 10 meses de la presente gestión, llegó a 750 millones de dólares, 150 millones más que en similar periodo del año anterior que registró un total de 600 millones, según recientes estudios realizados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre la incidencia del contrabando en la economía nacional.

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) intenta frenar el contrabando y en el mismo periodo, según sus datos, la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) logró comisar mercadería de contrabando por un valor de 14,16 millones de dólares.

Del total nacional, la Aduana Regional de Oruro, ocupa el primer lugar al haber comisado mercadería ilegal por un valor aproximado de 8,85 millones de dólares, por ser paso obligado de toda la mercadería procedente de los puertos de Chile, Perú y ultramar.

A este departamento le siguen Santa Cruz con 1,17 millones de dólares, La Paz con 1,65 millones, Cochabamba con 1,32 y finalmente Tarija con 591.105 dólares.

El mes con mayor recaudación por mercadería ilegal incautada es septiembre con 1,38 millones de dólares y el de menor recaudación por el mismo concepto julio con 486.004 dólares, según partes informativos proporcionados por los comandos regionales de los COAs.

Incremento

A pesar de todo, esta actividad delictiva tiende a incrementarse cada día, en la medida que crece la población, el consumo y se reduce el poder adquisitivo de los diferentes sectores económicos, sostiene Antonio Rocha, consultor del IBCE, para quien la cantidad de gente involucrada en el contrabando es ínfima, comparada con los aproximadamente 150 mil empleos anuales que se pierden como consecuencia de esta actividad ilícita y los 180 millones de dólares que el Estado deja de percibir por recaudación tributaria al año.

"La gente que lucra con el contrabando son unos pocos, siendo más los distribuidores y vendedores de productos contrabandeados, estos últimos no necesariamente viven del contrabando, sino, de su trabajo de distribución y venta que bien podría ser de productos nacionales o productos legalmente importados", sostiene.

Los mercados más afectados serían los departamentos del eje central La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, cuyas industrias dejan de producir, disminuyen sus ventas y se ven obligadas a racionalizar o despedir personal, por la desleal competencia del contrabando que oferta productos hasta un 75 por ciento menos que el comercio legalmente constituido.

"Solo la importación legal y el contrabando de ropa usada han provocado el cierre de 25 mil talleres artesanales de confección en las ciudades del eje central, el despido de 66 mil trabajadores y la migración de otros miles de bolivianos al exterior", señala Rocha.

En el resto de los departamentos el daño es mayor, porque se reduce considerablemente las posibilidades de mayor inversión pública en salud, educación y desarrollo productivo, debido a que el Estado pierde anualmente 180 millones de dólares en recaudación de impuestos.

Qué hacer ante el flagelo

"El contrabando es un problema de todos los bolivianos y en el que todos tenemos parte de culpa y por ende parte en la solución", dice el consultor del IBCE, Antonio Rocha a tiempo de proponer una campaña educativa nacional que incorpore en el ciudadano una cultura tributaria y de valores que reprueben el delito de cualquier índole.

Plantea reforzar los mecanismos de control y procedimientos de parte de la aduana, ejercer mayor control de los informales, grandes contrabandista y evasores, que amparados en los regimenes tributarios especiales dejan de tributar lo real.

"Los tribunales de justicia deben ser expeditos en la sanción de delitos tributarios. El poder ejecutivo debe apoyar una verdadera función autónoma de la aduana y el poder legislativo le debe devolver a la aduana Nacional la institucionalidad perdida, para contar con profesionales idóneos e insobornables en la lucha contra el contrabando", indica.

Por su parte, el IBCE sugiere aumentar la "sensación de riesgo" en los vendedores e importadores, fortalecer la Aduana en su capacidad de intervención y otorgar facilidades para los importadores legales.

RECAUDACIONES ALCANZAN VALOR RÉCORD

Los primeros 10 meses del año que concluye, el valor de las recaudaciones captadas por incautación de mercadería de contrabando en los diferentes puestos de control del departamento de Cochabamba alcanzó la cifra récord de 1,32 millones de dólares, es decir 349.266 dólares más que en similar periodo de la gestión 2005, cuando se captó 979.616 dólares, según estadísticas de la Aduana regional.

Con la implementación del Plan Jaque Mate de fin de año, el gerente regional Joaquín Arze estima que el valor de las recaudaciones por este concepto podría superar fácilmente hasta, fin de año, los 1,5 millones de dólares, considerando que el monto promedio comisado de los últimos cuatro meses es de 130 mil dólares.

Trabajan en este objetivo nueve miembros del COA con apoyo de la policía y Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en las trancas de Suticollo y Confital (hacia Oruro) y la Angostura y Locotal sobre la carretera a Chapare. En las áreas urbana y rural se realiza patrullaje móvil.

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS LA ACTIVIDAD OCASIONÓ UNA PÉRDIDA DE 500 MILLONES DE DÓLARES

Ropa usada: 80% viene del contrabando

Un 82 por ciento de la ropa usada que es comercializada en los principales mercados de las ciudades de Quillacollo, Cochabamba y Sacaba, proviene del contrabando y apenas un 18 por ciento de la importación legal, según estudios recientes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

La demanda de ropa usada también va en aumento, no tanto por la calidad de las confecciones, sino por los precios accesibles a todo bolsillo.

Por 100 bolivianos una persona puede obtener: un pantalón (Bs 15), dos camisas (Bs 30), una polera (Bs 10), un par de calzados (Bs 20), tres pares de calcetines (Bs 5) y una chompa (Bs 20), todos de marca americana.

El estudio señala que por cada 10 compradores, seis pertenecen al rango de ingresos medios, tres a ingresos bajos y uno a ingresos altos.

Una segunda investigación del IBCE, titulada "Impacto de la ropa usada en Bolivia", señala que en los últimos cinco años esta ilegal actividad ocasionó una pérdida de 500 millones de dólares: 312 millones en la industria textil, 80 millones en el comercio, 17 millones en el transporte y 19 millones en servicios financieros, entre otros.

Igualmente, el mercado laboral perdió 107 mil puestos de trabajo, de los que 56 mil correspondían al sector textil.

El contrabando de ropa usada equivale a casi al 40 por ciento del valor de las importaciones y representa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.

El negocio de la ropa usada en Bolivia mueve anualmente un volumen mayor a 8 mil toneladas de prendas, que tienen un valor aproximado a 50 millones de dólares en el mercado nacional.

ANÁLISIS

"El contrabando no tiene una sanción moral"

Marcelo Vargas Gerente general de la Cámara Departamental de Industria

Cuando se habla de contrabando se habla de uno de los fenómenos que más afecta a la economía del país, se habla de una actividad ilícita que tiene muchas implicancias en la sociedad. Pero sobretodo afecta los valores de gran parte de la población boliviana ya que no tiene una sanción moral.

Por otro lado, los productos de contrabando atentan contra la salud de la sociedad porque éstos no pasan por controles sanitarios, destruyen el mercado interno con prácticas desleales, atentan contra el comercio formalmente establecido, limitan la capacidad de generar empleos productivos y desencadena las altas tasas de migración

Actualmente ser empresario industrial significa una tarea titánica, ya que este sector tiene que luchar en un mercado interno saturado de mercancía ilegal y competir con su producción los precios artificialmente bajos producto de la evasión de impuestos.

La lucha frontal contra el contrabando no ha sido prioridad para los gobiernos de turno y ningún sector ha podido escapar de los efectos devastadores de este mal.

El mismo Estado nacional es víctima en sus recaudaciones. Está muy claro que no existe solución posible a este tema si no se concerta con los principales protagonistas: el Gobierno acompañado de una decidida voluntad política de luchar contra el contrabando a todo nivel; todo el Poder Ejecutivo aplicando su labor de fiscalización de manera eficiente; la Aduana Nacional con una firme convicción para enfrentar cambios positivos; las entidades y operadores relacionados con el comercio exterior; los industriales y empresarios comprometidos y la sociedad en su conjunto.

Necesitamos un cambio de actitud que sancione al contrabando como lo que es, una actividad ilícita que viene destruyendo a la industria nacional generadora de empleo y de desarrollo.

Cada uno de los bolivianos debe preguntarse qué tipo de país quiere, un país que se mueva en la informalidad con mercados poco transparentes y sin reglas claras, o una Bolivia con valores, con industrias competitivas generadoras de empleo y condiciones necesarias para que las futuras generaciones puedan tener un mejor futuro.