Víctima de conflicto supera 13 días en estado de coma

REDACCIÓN CENTRAL

Despertar. Raúl Claros (19) recobró la conciencia y venció la primera batalla por su vida, luego de permanecer 13 días en estado de coma en la unidad de terapia intensiva del Viedma, a raíz de los cuatro impactos de balín que recibió al quedar atrapado entre la Policía y los manifestantes que intentaban quemar el canal de televisión Unitel, el 12 de enero.

Con 19 años, Raúl es el mayor de cuatro hermanos y vive cerca del Cruce Taquiña. El 12 de enero, según relató ayer desde su cama del hospital Viedma, pasó la mañana en su casa preparando el almuerzo para su familia y antes de las 14:00 tomó un trufi hacia el centro de la ciudad, con la misión de llegar a tiempo a su trabajo: un instituto ubicado en la Aroma y San Martín, a tres cuadras del canal.

Al llegar, se encontró con las puertas cerradas, por lo que intentó regresar a su casa, pero se topó con los grupos que intentaban tomar y quemar Unitel.

La aparición de un contingente de fuerzas combinadas, policías y militares, llegó a la zona cerca de las 14:30, para dispersar el disturbio con gases, relató el sobreviviente. Añadió que la mayoría de la gente se refugió en el mercado Calatayud, donde algunos de los manifestantes protagonizaron saqueos.

Raúl contó que se escondió en los puestos de flores, pero la concentración de los gases en el mercado lo empujó a ir en busca de otro lugar menos saturado con los químicos. En su trayecto, fue sorprendido por una ráfaga de perdigones que lesionaron dos órganos vitales: un pulmón y el hígado, según su diagnóstico médico.

"Había harta gente, estaban yendo a Unitel. Me entré donde venden flores, pero han lanzado gases. No podía aguantar y no sé qué pasó. Sólo sentí como un golpe en mi espalda. No podía aguantar. De ahí no supe más", relató.

El superviviente pasó a aumentar la lista de 200 heridos de batalla civil del 11 de enero y ahora está en el grupo de los siete pacientes críticos internados en el hospital Viedma, que se restablecen de lesiones graves provocadas en su mayoría por golpes.

Durante su permanencia en el Viedma, fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas y, según los médicos, aún hay que sacarle los perdigones, por lo que se prevé que quedará hospitalizado al menos por un mes más.

Otro convaleciente

El segundo paciente crítico que salió del estado de coma es Luciano Colque (41), manifestante cocalero, que afronta un diagnóstico irreversible debido a que sus agresores del grupo cívico virtualmente le destrozaron la cabeza hasta provocarle pérdida de tejido cerebral, una lesión que lo condena a vivir sin movilidad en gran parte de su cuerpo, según el informe del comunicador del Viedma, Fernando Romano.

El paciente permanece hospitalizado y, aunque fue trasladado de terapia intensiva a una sala común, se encuentra aislado con el objetivo de reducir el riesgo de que contraiga una infección. El hospital anunció que el paciente recibirá atención y rehabilitación.

REPERCUSIONES

Las secuelas del enfrentamiento aún son motivo de conversación en la calle, los cafés, el micro, los mercados y los foros virtuales. Gran parte de la población abunda en debates sobre las causas y consecuencias de la batalla entre ciudadanos.

La Policía, que quedó desautorizada en el conflicto con la destitución y luego restitución del comandante departamental, Wilge Obleas, intenta volver a la normalidad.

Sin embargo, se conoce que el Ministerio de Gobierno rechazó el informe del Departamento de Responsabilidad Profesional sobre la gasificación a los manifestantes que terminaron quemando la Prefectura de Cochabamba, el 8 de enero.

Al no contar con un informe que especifique responsabilidades, la Policía colocó la investigación en manos de un grupo de agentes de La Paz, que deben trabajar en las bases, mandos intermedios y altos, para elaborar un nuevo reporte, informaron fuentes policiales.

Defensa pide necropsia

El hermetismo que rodeó la autopsia del manifestante del sector cocalero, Juan Ticacolque Machaca, provocó que la defensa del único sospechoso del homicidio, Alex Rosales, pida que el cuerpo de la víctima sea sometido a necropsia, informó el abogado de la defensa, Tom Prieto Ugarte.

El interés por conocer en detalle las secuelas que provocó el proyectil de la pistola de 25 milímetros marca Browing en el cuerpo del manifestante surgió a raíz de las contradicciones en las que incurrió el fiscal que sigue la causa, Marco Cossío, en la audiencia de medidas cautelares ayer sobre los resultados de la autopsia y el informe técnico balístico 2/07, añadió Prieto.

La defensa también espera que los estudios complementarios que solicitarán respondan a un conjunto de preguntas como quién realizó el levantamiento legal del cadáver, por qué no se notificó a la defensa de la autopsia, dónde murió el cocalero y cómo se obtuvo en tiempo récord el peritaje balístico, entre algunas de las dudas que se plantea la defensa.

AUTOPSIAS DISPARES

MINISTRA PRESENCIÓ AUTOPSIA

El 12 de enero, la ministra de Salud, Nila Heredia siguió de cerca la autopsia del manifestante, Juan Ticacolque Machaca (36), muerto por un impacto de bala en la confrontación entre los sectores sociales y grupos cívicos el 11 de enero pasado.

La autopsia a puerta cerrada (incluso para la viuda de la víctima) también contó con la participación del director del complejo hospitalario Francisco Viedma, Jaime Montaño Zambrana, acompañó a ver a la Ministra la disección del cadáver.

El hermetismo que rodeó a la autopsia se reflejó cuando negaron la entrada a una funcionaria del Defensor del Pueblo, que llegó a la nueva morgue para ser testigo de la autopsia.

La intervención fue practicada por el forense del Ministerio Público Víctor Hugo Sequeiros, el viernes 12 a las 8:45, al día siguiente del homicidio, según el acta de autopsia que establece como causa de muerte shock hipovolémico por hemorragia interna.

AUTOPSIA SIN PRESENCIA DE LA MINISTRA

El 11 de enero, la Fiscalía realizó la autopsia de Christian Urresti Ferrel (17), fallecido en manos de una turba de campesinos. En esta autopsia, la ministra de Salud, Nila Heredia, y el director del complejo Viedma, Jaime Montaño Zambrana, estuvieron ausentes.

El examen del cadáver, hallado cerca de las 17:00 en las calles Mayor Rocha y Baptista, se realizó como un trabajo de rutina sin que intervengan autoridades.

La autopsia determina que la víctima murió por asfixia al ser estrangulado y que presenta golpes severos en la cabeza, rostro y pecho causados con objetos contundentes, como palos.

También se presume que el joven fue linchado con una cuerda similar a la que se usa para cargar bultos. Los testigos que vieron por última vez a Urresti con vida acusan a una turba de haber ejecutado al manifestante del grupo de los cívicos.

CONTROVERSIA SOBRE AUDIENCIAS

La audiencia de medidas cautelares de los principales sospechosos de la muerte del manifestante Juan Ticacolque Machaca, Alex Rosales Orellana (39), Rodrigo Benjamín Soliz Banzer (19) y Carlos Quintanilla Foronda (25) inauguró la controversia sobre si era pertinente que la entonces ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, esté en la sesión celebrada a las 7:00 del 12 de enero, lo que restringió el trabajo de la prensa.

La controversia continuó cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, lamentó que dos de los tres implicados hayan recibido medidas cautelares y sólo uno, Alex Rosales, esté detenido.

La audiencia de medidas cautelares para analizar la solicitud de medidas sustitutivas a la detención preventiva de Alex Rosales volvió a ser observada desde el momento en que se llevó adelante en el despacho de la jueza y no en la sala de audiencias. Se expusieron pruebas sin que se haya llegada al juicio oral y se responsabilizó a la prensa de ser causa para que el detenido no obtenga una medida alternativa, informaron familiares del imputado.

PIDEN ACTIVAR PLAN PARA TESTIGOS

El ex fiscal Jaime García sugirió que el Ministerio Público active el plan de protección de testigos para esclarecer las dos muertes del 11 de enero, debido a que las personas que presenciaron los decesos temen ser amenazadas.

La protección de testigos debe contar con un fondo suficiente para resguardar a los testigos claves, debido a que su versión es determinante en un juicio oral. Los recursos deben ser empleados para dotar de vivienda, empleo u otro tipo de necesidades que requiera el testigo que coopere con su relato a la justicia.

Hasta ahora los testigos que más amenazas han recibido fueron las personas que vieron cómo lincharon a Christian Urresti, que tuvieron que ausentarse del país luego de contar los acontecimientos que presenciaron el 11 de enero.

Fuente: Acta y Testigos de Autopsia