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Cochabamba - Bolivia Jueves, 27 de marzo de 2008

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INCERTIDUMBRE | El Ejecutivo ahora espera que la Iglesia defina la agenda. La oposición desahució el encuentro

Diálogo: Evo ofrece revisar recorte del IDH

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Cursos de capacitación electoral en Santa Cruz, ayer. | El Deber

La Paz | La Prensa

El gobierno del presidente Evo Morales aseguró ayer que está dispuesto a flexibilizar su posición sobre el recorte al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y discutir otros temas estratégicos con los prefectos de la "media luna" y reclamó a la Iglesia Católica que defina, lo antes posible, la agenda de concertación entre los sectores en conflicto que permita destrabar la crisis política que enfrenta el país.

Mientras ayer el Gobierno insistía en el diálogo, pero sin dejar de advertir que no reconocerá los referendos autonómicos y anunciar medidas legales contra los prefectos de la "media luna", la oposición daba por desahuciado el diálogo ante el nuevo conflicto suscitado por el Gobierno con los empresarios cruceños.

La Iglesia Católica, a través del vocero del cardenal Julio Terrazas, Marcial Chupinagua, ratificó que no existen avances en torno a la agenda, menos en torno al escenario ni la fecha para propiciar el cónclave.

En conferencia de prensa tras una extensa reunión del Gabinete, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró anoche que el Ejecutivo está dispuesto a discutir todos los "temas estratégicos" definidos en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la compatibilización de los Estatutos Autonómicos con el texto constitucional.

Quintana dijo que el Ejecutivo espera que la Iglesia se pronuncie sobre el proceso de facilitación al que se comprometió iniciar tras la reunión, el viernes 14, entre el presidente Evo Morales y el cardenal Julio Terrazas.

Consultado sobre esta nueva decisión del Ejecutivo, el delegado sobre las autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, consideró "insuficiente" la señal que dio ayer el Gobierno y alertó que el Poder Ejecutivo busca ahondar el enfrentamiento con las regiones.

El Gabinete analizó durante toda la jornada de ayer los alcances de la crisis política y económica desatada con las regiones, que han puesto a la administración del presidente Evo Morales contra la pared.

Quintana reveló que el Gobierno está dispuesto a ceder en tres puntos: flexibilizar el recorte del IDH; compatibilizar la nueva Constitución Política del Estado (CPE) con los Estatutos Autonómicos; y, discutir otros temas estratégicos que reclaman las regiones opositoras al Poder Ejecutivo. "Hemos propuesto una mayor flexibilidad en el tratamiento de la temática vinculada con el IDH. El Gobierno está dispuesto a discutir, en el marco de una mayor flexibilidad, fórmulas que satisfagan las demandas de las prefecturas".

En medio del proceso de diálogo abierto por el presidente Evo Morales en enero, el Gobierno resolvió el 1 de febrero iniciar el pago de la Renta Dignidad con fondos de las prefecturas provenientes del IDH.

Quintana aseguró: "No tenemos condiciones, sino la plena voluntad para asistir al diálogo que resuelva el conflicto político". La declaración surge, además, en momentos en que el proceso de concertación entre el Gobierno y los prefectos no logró avanzar ni un solo paso.

La Iglesia Católica alertó el martes 25 que sólo cumple un rol de facilitación entre el Gobierno y los prefectos de la "media luna" y advirtió que no había "señales inequívocas" para comenzar con las conversaciones.

El MAS amenaza a prefectos

Ante la posibilidad de un fracaso en el diálogo abierto por la Iglesia Católica, el Gobierno alista una ofensiva judicial y electoral contra los prefectos de la "media luna ampliada" integrada por Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Cochabamba.

El oficialismo anunció ayer que pondrá en marcha procesos penales contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, por impulsar la conformación de una "Guardia Civil" para garantizar la seguridad durante el referéndum por los Estatutos Autonómicos del 4 de mayo.

El jefe de bancada de los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Rojas, reveló que la autoridad departamental será acusada de asociación delictuosa y de incurrir en apología del delito.

El parlamentario indicó que los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando incurrieron en dos delitos graves como la apología pública de un delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal y asociación delictuosa que está citado en el precepto 132 de la misma norma.

Desde la Prefectura de Santa Cruz, el delegado por las autonomías, Carlos Dabdoub, señaló que las autoridades departamentales no temen a las amenazas del oficialismo y que las mismas continuarán con la decisión de realizar las consultas populares por los Estatutos Autonómicos con el respaldo de guardias civiles.

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