El Manejo De Las Refinerias

La política energética en curso es riesgosa y de resultados todavía por verse en el mediano y largo plazos.

El proceso de restitución de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder al dominio del Estado dio un significativo paso ayer al haberse prolongado la vigencia de seguros que permitan el normal funcionamiento y traspaso de ambas plantas con sede en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, respectivamente, luego de que de manera previa se pagó al consorcio brasileño Petrobrás, que las trabajaba en propiedad, el cincuenta por ciento del valor acordado para la transferencia definitiva, operación que será perfeccionada en breve cuando se cancele el resto del monto comprometido.

A tal efecto, el gobierno preparó sendos y coloridos actos en los que además de destacarse el hecho, se dio nacimiento a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Refinación, S.A., quien en adelante será la encargada de surtir de carburantes al mercado nacional.

La enajenación por la empresa brasileña sufrió demora en razón de que ninguna aseguradora habría presentado propuestas para prestar servicios a la estatal petrolera, situación al parecer zanjada gracias a que la propia Petrobrás gestionó la extensión de pólizas por un año.

Se trata de una millonaria inversión de recursos fiscales que se justificará siempre y cuando la nueva repartición de YPFB iguale o mejore el manejo que de las instalaciones venía haciendo la empresa que las adquirió la pasada década, además de mantener y si es posible incrementar su rentabilidad; algo que sólo el tiempo dirá en circunstancias en que esa conducción es ya objeto de observaciones por los propios trabajadores de la compañía en plan de restauración por las autoridades del sector.

El monto total a invertirse por el Tesoro General de la Nación bien podía destinarse a satisfacer otras necesidades en salud, educación e infraestructura, como por ejemplo Puerto Busch, en este último rubro, para el que el Presidente de la República da por descotado obtener un crédito externo aproximado a los 30 millones de dólares, según dijo en días recientes.

A todas luces, el propósito oficial es demostrar al país que su postulado de "nacionalización" de la industria de los hidrocarburos marcha a toda máquina, en un ambiente en el que no ha reparado en indisponerse con las empresas extranjeras que los explotan en nuestro territorio y hasta con los gobiernos de sus naciones de origen, aparte de carecerse de certeza sobre la cuantía de las reservas y la suerte que pudieran correr los contratos de venta de gas natural a la Argentina y Brasil, mientras simultáneamente se advierte escasez para el abastecimiento de gas licuado al mercado interno.

La política en curso a este respecto es, pues, riesgosa y de resultados todavía por verse en el mediano y largo plazos.