La Paz | La Prensa.- El relanzamiento de la segunda reforma agraria no podrá ser realidad el próximo 2 de agosto, debido a que el Congreso se tomará su tiempo antes de aprobar la nueva Ley de Tierras.
El diputado del MAS, César Navarro, confirmó que ayer los jefes de bancada de los partidos políticos con representación parlamentaria coincidieron en señalar que ya no queda tiempo para el tratamiento del proyecto de Ley y que su análisis y aprobación deberá posponerse.
El Gobierno envío el pasado jueves al Poder Legislativo un proyecto discutido técnicamente en el seno de la Comisión Agraria Nacional CAN) con la esperanza de que pueda ser aprobado antes del 2 de agosto.
Ese día el Poder Ejecutivo pretendía presentar la Ley INRA modificada y promulgada en la localidad de Ucureña con motivo del relanzamiento de la reforma agraria encarada en 1953.
Además de la entrega de 400 títulos indígenas y de tractores en el marco del Programa de Mecanización del Agro.
Pese al retraso que sufrirá el tratamiento de la Ley, el Ministerio de Agricultura confirmó una fiesta para el 2 de agosto en Ucureña.
Además del proyecto del Poder Ejecutivo, existen dos más enviados por Confeagro y del diputado guarayo Ignacio Irapuca de Podemos. Los mismos se encuentra en etapa de análisis en la Comisión de Desarollo Sostenible de la Cámara Baja.
El diputado de Podemos y miembro de esa Comisión, Antonio Franco, informó que debido a lo delicado del tema, las modificaciones a la Ley INRA deben merecer una amplia discusión.
Es con ese objetivo que se decidió que el próximo miércoles 2 de agosto tanto el Poder Ejecutivo como Confeagro y el diputado Irapuca realicen una exposición y fundamentación de sus proyectos ante la Comisión en un seminario taller.
A este evento también serán invitados representantes de la Cámara Forestal y del Tribunal Agrario y otros interesados en la problemática de la tierra.
Claves de la modificación
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo busca corregir y acelerar el proceso de saneamiento y distribución de tierras fiscales; garantizar la seguridad jurídica de la propiedad agraria; la reversión de las tierras que no cumplen la Función Económica Social (FES); la expropiación de predios por necesidad pública y la adecuación y compatibilidad de las nuevas disposiciones a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE).
El viceministro de Tierras, Alejando Almaraz explicó que el proceso de expropiación de tierras para beneficiar a pueblos originarios no superará el millón de hectáreas.
Sin embargo, el Ejecutivo aún no cuenta con el presupuesto para proceder con el pago de las indemnizaciones a los afectados por la determinación.
