Surgen justificadas inquietudes sobre el futuro de las exportaciones del energético y el probable desabastecimiento interno de gas y electricidad al corto plazo.

Un estudio encomendado por la firma Transredes ha ratificado que la producción de gas natural está llegando a su límite en el país, además de establecer que el transporte del energético por ductos se acerca igualmente a su máxima capacidad y, peor aun, que lo propio ocurre con la generación de termoelectricidad y la transmisión del fluido, lo que equivale a decir que el sistema energético nacional confronta una grave crisis.

Ya en pasados días el ejecutivo de la filial nacional de Petrobras había sostenido que si Brasil y Argentina pidieran el total del volumen de gas que tienen contratado, Bolivia no daría abasto, criterio corroborado luego por un diario de Rio de Janeiro y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, sucesivamente.

Al respecto, las tres vertientes coincidieron en señalar la falta de inversiones como causal de la situación, sin que de por medio se hubiese dejado de mentar la inseguridad jurídica prevaleciente en el territorio como consecuencia del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, instrumento que, de paso sea dicho, espera un reglamento que facilite las tratativas entre el Estado y las petroleras para la suscripción de nuevos convenios.

Si a esto se suma la conclusión del mencionado estudio en el sentido de que los gasoductos y la generación y transmisión de electricidad están cerca de su tope, no puede menos que advertirse que Bolivia va camino de emergencias impensadas, tanto en lo que hace a sus compromisos con naciones vecinas, como a la satisfacción de sus propias demandas energéticas.

Es al parecer ante semejante perspectiva que el Vicepresidente de la República reconoció los hechos, pero atribuyéndolos únicamente a un decreto del gobierno de Jorge Quiroga por el que se eximió a las compañías de su obligación de perforar un pozo por parcela, prevista en disposición de la segunda administración Sánchez de Lozada, cuestión ésta que sin duda será aclarada o explicada por el ex mandatario y los consorcios aludidos, y no así a lo sucedido desde la toma de posesión del Movimiento al Socialismo en el poder, en enero del presente año.

Más aun, en una y otra esfera se dijo que de concretarse las hoy por hoy ausentes inversiones --al menos 500 millones de dólares para cubrir las necesidades hasta el 2010--, el proceso requeriría de un mínimo de dos años, en vista de que las empresas no contarían inclusive con los servicios auxiliares de perforación, que, según oportuna denuncia, abandonaron el país.

En este escenario, surgen justificadas inquietudes sobre el futuro de los acuerdos de ampliación de las ventas de gas a la Argentina; las negociaciones con las petroleras en general y Petrobras en particular y, por si no fuera suficiente, el probable desabastecimiento interno de gas y electricidad al corto plazo.