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El delegado Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública (Dptip), Javier Díez de Medina, informó sobre la prescripción de algunos casos vinculados con actos de corrupción y el mismo riesgo que corren otros casos que no lograron esclarecerse en los estrados judiciales.
Un caso notorio, según la autoridad, es del Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) sobre la comisión de delitos múltiples con daño económico al patrimonio del Estado que ya prescribió, sin que se hayan esclarecido los presuntos actos de corrupción ni identificado a los culpables. Este asunto, que data de 1995, tenía como base una auditoría externa realizada por empresa "Reingeniería Total SRL" sobre líneas de crédito y la ejecución de 61 proyectos de habitaciones del ex Fonvis.
El Delegado aclaró que el seguimiento a estos procesos legales tiene que ver con el Plan Integral Anticorrupción (PIA) que involucra al Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Financieras y la Contraloría General de la República; entidades con atribuciones legales de investigar, controlar y sancionar delitos o irregularidades sobre daño económicos contra el Estado. "Se está respetando las atribuciones y el ejercicio de acciones que cada entidad tiene", sostuvo el delegado Díez de Medina, al recordar que su despacho seleccionó varios casos que se ventilan en los tribunales de Justicia para que sean tratados desde el ámbito del PIA.
En riesgo
Entre los casos seleccionados en riesgo de prescribir, por la gravedad y la magnitud del daño económico, está el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Los abogados de la imputada, Lucía Hoyos, recusaron a los jueces Técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, con la finalidad de dilatar el proceso que prescribe oficialmente el 19 de febrero de 2006.
"Nosotros no somos quienes juzgamos o investigamos; para ello, existen órganos competentes que deben hacerlo. Pero nos preocupa de sobremanera que un caso no se resuelva ya sea a favor o en contra del Estado", afirmó el Delegado, para describir otros casos que corren el riesgo de caducar.
Ahí se tiene el caso de Setar en Tarija, que a solicitud de un requerimiento fiscal, realizó la investigación financiera de transacciones que efectuaron los miembros del directorio de la empresa, correspondiente a la gestión 2000 y 2001. De acuerdo con la denuncia, la Compañía aprobó la contratación de la empresa Argentina Lyon Power, para la provisión de electricidad en una población tarijeña, iniciándose el servicio con la firma del contrato.
