Es un principio generalmente respetado conceder 100 días a un nuevo gobierno para que se establezca antes de criticarlo.
Vamos a preguntar y no criticar. Las preguntas giran alrededor del tema clave: ¿cuál es la política económica y social que regirá en la nueva administración del Estado? ¿Será factible ante la oposición y será financiable?
Todos sabemos que durante cualquier campaña proselitista los candidatos en pugna ofrecen lo que les parece apto para captar votos. Si sus ofertas carecen de factibilidad siembran un riesgo para la gobernabilidad: si el candidato una vez elegido no cumple, provoca una decepción muy grande en sus electores, y el gran amor puede convertirse en rechazo. ¿Será factible una liberalización de la coca?
Para ser elegido, cualquier candidato precisa de aliados. Son representantes de grupos de interés que prestan su apoyo a cambio de favores que esperan recibir del candidato una vez elegido. En el caso del presidente electo Morales, estos grupos son los "movimientos sociales". Por su lucha en los recientes dos años se tiene una clara noción de cuáles son sus exigencias y con qué obstinación van a reclamar su puesta en vigor. Si el Presidente no cumple en el plazo de 90 días otorgados para gobernar, reconociendo el margen de acción existente y considerando las consecuencias de no moverse en el marco de la factibilidad, ¿qué sucederá?
¡Este plazo de 90 días refleja la falta de paciencia para que el nuevo gobierno se organice y trace sus políticas con responsabilidad! Haber limitado el tiempo como una condición seria del apoyo significa obligar a una política del "accionismo", es decir, de hacer política bajo la presión de riesgos para la gobernabilidad.
Como sucede siempre, también este nuevo gobierno va a tener que afrontar las tradicionales peleas por las pegas. Lo que era el "cuoteo" en las alianzas entre varios partidos políticos, se repetirá entre los que ayudaron al presidente a triunfar: le presentarán su factura (léase reclamarán cargos públicos). Ojalá que los postulantes tengan un nivel satisfactorio de conocimientos y un perfil que los distinga como para asumir la alta responsabilidad que tienen con el país entero (y no solamente con su clientela) cuando ejerzan la delicada función de un funcionario público entendido como servidor público.
Pronto se sabrá la real definición de la soberanía y cuán real es la dependencia del país que limita esta soberanía. En otras palabras, es el tema de la factibilidad. ¿Bolivia actúa conforme a sus compromisos internacionales o pretende, en nombre de su soberanía, romper con sus compromisos? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Algo queda establecido. La vergonzosa distribución de la renta y la exclusión iban a estallar tarde o temprano, y con la elección del nuevo presidente ha encontrado su expresión real. El egoísmo de grupos privilegiados en desmedro de los más pobres iba a provocar la revuelta de los marginados. La paz social cuesta caro (para los privilegiados), pero la guerra social es aún más cara. Era y es imprescindible fortalecer la justicia social. Para los privilegiados hubiera sido menos traumático reconocer esta imperiosa necesidad. Una sociedad con diferencias tan abismales entre los (pocos) ricos y (muchos) pobres no es factible.
¡Que los cambios se desarrollen de manera civilizada!
El autor es ciudadano boliviano, reside en Santa Cruz
