Defensor objeta Ley de Servicio Militar

La Paz | Anf

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, advirtió ayer que si la Cámara de Senadores no modifica el proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio, aprobado en Diputados, recurrirá a instancias internacionales para denunciar al Gobierno por la violación a los derechos humanos.

Albarracín, quien observó varias irregularidades por parte del oficialismo para "forzar" la aprobación en grande y detalle de ese proyecto de Ley, denunció que esta norma viola de manera flagrante los derechos humanos y los derechos de los niños, pues se pretende poner bajo bandera a menores de 16, 17 y 18 años, situación que vulnera la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Señaló, también, que esta Ley restituye la obligatoriedad de presentar la libreta de servicio militar en trámites personales y para tener acceso al trabajo y a la educación, derechos fundamentales que se transgreden.

Acuerdos

Albarracín cuestionó, además, que se haya omitido el tema de la "Objeción de Conciencia" lo cual va contra el acuerdo que el Estado boliviano suscribió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para incorporar en la legislación nacional esta figura en cuanto al servicio militar se refiere.

Albarracín observó que una hora antes del debate Camaral, recién se haya dado a conocer el documento a los diputados de la oposición, lo cual no dio lugar a que los parlamentarios conozcan su contenido.

También cuestionó que se haya negado al Defensor el acceso a este proyecto de ley elaborado en instancias castrenses y con un perfil netamente militar, para evitar que presente una observación oportuna.

Todas estas observaciones fueron remitidas, en una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, el miércoles solicitando que las tome en cuenta para evitar una aprobación precipitada.

Diputados aprobó, tras seis horas de tratamiento, el proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio, que ratifica que el servicio es obligatorio para todos los bolivianos varones y voluntario para las mujeres.

Además no incluyó la objeción de conciencia en el artículo 32, propuesta presentada y defendida por la parlamentaria Elizabeth Salguero, en respeto de las libertades fundamentales.