A pesar de que datos estadísticos revelan que el 10 por ciento de la población boliviana tiene algún tipo de discapacidad, la mayoría de los niños y niñas con minusvalidez no son integrados a la educación regular (fiscal o privada) debido a la discriminación y segregación en esta área por parte de autoridades, educadores y la misma sociedad civil.

A esta conclusión arribaron ayer los participantes al Seminario Internacional Integración Escolar, organizada por el Centro de Capacitación y Organización Laboral del Impedido (Ceoli), institución que logró a 40 niños y niñas integrar al sistema de educación regular en los últimos 10 años.

Hasta ahora, la población infantil discapacitada en nuestro país no recibe una respuesta educativa, comprensiva y diversificada que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades y considere sobre todo las necesidades educativas especiales, sostuvo el director ejecutivo del Ceoli, Ronald Caballero Delgado.

Actualmente, las dificultades que atraviesan los niños discapacitados de diferentes centros especializados son la falta de normativas claras con relación a la inserción escolar, la falta de preparación del docente para la diversidad de alumnos, insignificante presupuesto para la integración educativa, carencia de políticas de Estado en esta materia, adaptación curricular, pero sobre todo barreras de orden físico para las personas con minusvalidez (construcciones que no se adecuan a las necesidades de una persona con capacidad física).

El invitado especial para el seminario internacional, Emilio Rodríguez Macayo, informó que en Chile un niño integrado al sistema de educación fiscal recibe un bono y la escuela hasta cuatro bonos del Estado, incentivándose de esta manera la inserción escolar desde temprana edad.

Las autoridades educativas en la VII Reunión de Ministros de Educación de la Región de América Latina y El Caribe (Kingston, 1995) reafirmaron la necesidad de "fortalecer las condiciones que promueven el desarrollo de escuelas integradoras, ya que estas favorecen la igualdad de oportunidades, proporcionan una educación más personalizada, fomentan la solidaridad y cooperación entre los alumnos y mejoran la calidad de la enseñanza y la eficacia de todo el sistema educativo". Este compromiso es desconocido por el Estado boliviano, concluyó Caballero.