El Congreso Nacional del momento conforma -lamentablemente- una representación más o menos fidedigna de la sociedad boliviana, con sus pocas luces y sus muchas sombras. La Asamblea Constituyente puede resultar algo similar
En un interesante editorial de Pulso del 15 de julio de 2005 ("Totalitarios"), Fernando Molina se refiere a algunos aspectos negativos de nuestra cultura política predominante: el escaso respeto al ganador y a las mayorías (si no es el partido de uno mismo), el desdén por las minorías de todo tipo, el dogmatismo de los caudillos, que habitualmente tienen el monopolio de la verdad, y el desprecio por las opiniones contrarias (que siempre están equivocadas). Un destacado dirigente de los movimientos sociales declaró públicamente que éstos no reconocerían la victoria electoral de un "candidato neoliberal". Estos líderes de la nueva izquierda apoyan los métodos democráticos cuando les son de alguna utilidad, y los descartan sin más si las consecuencias prácticas del juego electoral les son adversas. Este comportamiento está basado en la idea, tan expandida en nuestra cultura política autoritaria, de que los dirigentes saben mejor que las bases lo que es bueno y malo para ellas, y que deben obligar a las masas a su propia verdad y felicidad. Como dice Molina en tono irónico: "El pueblo puede equivocarse; la doctrina no". El terrible siglo XX ya mostró hasta la saciedad adónde conducen esos iluminados totalitarios.
No sólo la práctica de elecciones libres, sino una adecuada educación ciudadana sigue siendo por ello indispensable (como la que, con gran acierto pedagógico, lleva a cabo la Corte Nacional Electoral). En un artículo publicado en Los Tiempos (31/03/2005), Roberto Laserna se preguntaba si todos los actores políticos estarían dispuestos a aceptar las reglas del juego democrático y del estado de derecho. Es dudoso, según este autor, que el respeto a la voluntad ciudadana libremente expresada, las libertades individuales, la obligatoriedad de leyes y el respeto a la disidencia, sean valores compartidos por todos los sectores políticos. Y entonces, según Laserna, surgen dudas sobre la utilidad real de nuevos diálogos nacionales y sobre la intención de "refundar el país". Como aseveró Jorge Lazarte en La Prensa del 20 de marzo de 2005 (suplemento Domingo): si hay que refundar el país, hay que comenzar por un "pacto de acatamiento", pues lo primario es lo primero. ¿De qué sirven los pactos sociales -se pregunta La arte- si las leyes no se obedecen? El peligro es el despliegue de conflictos sin reglas compartidas, dentro de una especie de "dinámica tribal", que puede llevar a la desintegración de la nación.
En su importante libro Entre dos mundos (basado en una amplia encuesta de opinión pública), Jorge Lazarte demostró que la tolerancia en cuanto normativa social, el cumplimiento de las leyes vigentes y el acatamiento de fallos judiciales (desfavorables a los propios intereses) tienen una apreciación muy baja por el grueso de la población, aunque esta misma prefiera la democracia a toda otra forma de ordenamiento político y esté dispuesta a defenderla activamente. Pese a este hecho indudablemente positivo, el peso del autoritarismo en la Bolivia contemporánea sigue siendo apabullante.
Veamos otro ejemplo de esa carencia de hábitos democráticos. No se puede asegurar a nadie un determinado resultado electoral, como dijo Jorge Lazarte. Éste sólo puede ser la consecuencia de la libre decisión de cada persona. Ningún partido político, ninguna agrupación ciudadana y ningún pueblo indígena -por más dilatado que crea ser en sentido demográfico- tiene asegurada una mayoría en las próximas elecciones. La experiencia histórica, como señaló Lazarte, nos muestra que grandes sectores indígenas votan a menudo por candidatos de otro origen étnico, sobre todo en elecciones nacionales, y no siempre se les puede convencer de que lo hagan por un hermano de raza. No se puede constreñir a la población a que produzca en los comicios el resultado que los ideólogos del indigenismo creen que es obligatorio e inevitable. Y una manera de forzar una victoria de los partidos y movimientos indigenistas consiste en exagerar los procedimientos de discriminación positiva, creando circunscripciones especiales para los pu blos originarios y concediéndoles un derecho doble al sufragio.
Para desilusionar necesariamente al lector hay que indicar que no existe ninguna estrategia garantizada para superar la tradición autoritaria. Una educación ciudadana sostenida da buenos frutos, pero a largo plazo. Pese al desprestigio del Parlamento y de los partidos políticos, no podemos renunciar a ellos como instancias indispensables de la democracia y del estado de derecho. Por otra parte, el Congreso Nacional del momento conforma -lamentablemente- una representación más o menos fidedigna de la sociedad boliviana, con sus pocas luces y sus muchas sombras. La Asamblea Constituyente puede resultar algo similar. No serán precisamente cuerpos colegiados con un potencial intelectual concentrado (como por ejemplo la Academia de Ciencias), sino un espejo de toda la comunidad boliviana, donde prevalecerán la cultura autoritaria y los intereses mezquinos y donde los elementos promisorios del futuro estarán presentes, pero a una escala muy modesta. Pero, con un poco de optimismo, podemos pensar que esto basta para dar los primeros pasos, los más difíciles.
