Sucre | Correo del Sur.- El 29 de agosto de 1985, la administración del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro adoptaba una nueva y a la vez polémica política económica para el país. En ese entonces, un país absorto en una profunda recesión económica esperaba con optimismo, pero a la vez con escepticismo esta norma, cuyo propósito era frenar la hiperinflación y darle un giro radical a la malograda economía; ahora, 20 años después, y tras haber cumplido su ciclo a la par de la evolución social, ese modelo económico requiere de profundas modificaciones a partir de experiencias como la generación de una menor exclusión social de los sectores más vulnerables.

El Decreto Supremo 21060 tuvo lugar, a mediados de la década del 80, cuando el Estado estaba en pleno colapso, agobiado por la hiperinflación que marcó niveles históricamente registrados en el continente: 26 mil por ciento.

Así lo evidencian también, los considerandos conocidos al momento de su promulgación, que señalaban que "los factores hiperinflacionarios, combinados con una profunda recesión económica, han debilitado en forma peligrosa el aparato productivo y provocado en el organismo nacional una grave crisis económica que castiga, particularmente, a las grandes mayorías nacionales, por el conducto de la insuficiencia de las reiteneraciones, el desabastecimiento de productos esenciales de consumo masivo, el desempleo, el subempleo y la presencia inusitada de un creciente sector informal o ilegal de la economía".

Cuestionamientos

Su puesta en vigencia llegó en un momento determinante con profundos cuestionamientos pero a su vez sobre la base de una tácita realidad emergente.

Para el empresario y analista Jorge Calderón, el 21060 llegó en un momento muy crítico para el país donde tuvo su efecto positivo porque paró la hiperinflación y puso ciertas bases para empezar a reprogramar una macroeconomía deteriorada. Sin embargo, después de 20 años se encuentran algunos consecuencias, las positivas referidas a que el país se encuentra en una macroeconomía sólida con reservas fiscales que suben (habían llegado al mínimo en 1985 y ahora se registra un récord en reservas); además, se suma la vigencia de una moneda sólida y la devaluación del dólar; el boliviano empieza a valorizarse y hay una paulatina desdolarización en el mercado.

A decir de Calderón, en los últimos cinco años el decreto perdió toda su solidez y validez, por lo cual debía renovarse por otro donde no se ponga por encima la economía sino el efecto social.

"No estaba dirigido a hacer que los aspectos sociales tomen prioridad, sino era para resolver problema financiero", explicó.

A su juicio, pasado el problema a finales del 90 y principios del 2000 ya debía haberse empezado a diseñar un nuevo concepto de una economía de Estado, desde un punto de vista de economía social de mercado, es decir un reforzamiento del Estado para que empiece a ser el distribuidor de la generación de riqueza del país.

Lograr equidad

Agrega que como eso no estaba inserto en el 21060 los gobiernos de turno no vieron esa necesidad.

Calderón afirma que ante este panorama, la misión del próximo Gobierno es lograr equidad y encontrar la forma de distribuir la riqueza con mayor efectividad a los sectores más empobrecidos.

Para eso sugiere mantener una macroeconomía en buenas condiciones pero con equidad, manteniendo una economía de Estado.

EDUCACIÓN Y SALUD

Jorge Calderón sostiene que aunque incidió en estabilizar la situación de la economía, el D.S. 21060 excluyó a la gente del mercado, de los servicios de educación, de salud y de la economía.

Su cuestionamiento más serio para Calderón fue a partir de la crisis de 1999 donde se luchó por una macroeconomía pero no por la microeconomía de las familias de los bolivianos.

Proponen "gran justicia social"

El empresario y analista Jorge Calderón propone la necesidad de alcanzar una gran justicia social. Explica que eso significa tener una adecuada equidad y dar condiciones y oportunidades a los que no la tienen para resolver los problemas de las autonomías y del Fondo de Pensiones.

El modelo debe priorizar la justicia social, la equidad, y que llegue a través de la masificación de los servicios, la oportunidad a que la gente tenga trabajo, las mismas condiciones de educación y salud, dice.

Finalmente remarca que el Estado tome para sí esos problemas y que sea el gran distribuidor de la riqueza, a través de los servicios de energía, básicos y de infraestructura.