Fiscal da garantías a Repsol para operar en Bolivia

La Paz | EFE

El fiscal de distrito de la ciudad de Santa Cruz, Jaime Soliz, dió hoy garantías a la petrolera Repsol YPF para trabajar en Bolivia, pero le pidió ayuda para investigar la denuncia de un contrato supuestamente irregular firmado con la brasileña Petrobras en 2002.

Soliz dio una rueda de prensa en esa ciudad oriental junto con los representantes del Ministerio Público que allanaron el viernes pasado la sede de Andina, filial de la empresa hispano-argentina en Bolivia, para confiscar documentación sobre ese caso.

Los fiscales investigan un presunto daño económico contra el Estado por la firma de un acuerdo entre Andina y Petrobras para ajustar los precios del gas enviado a Brasil, según denuncia presentada por representantes del gobierno que preside Evo Morales.

Soliz subrayó que los fiscales a su cargo dirigen una investigación contra la empresa Andina SA, y no contra Repsol YPF, a la que garantiza seguridad jurídica.

La empresa hispano-argentina gestiona Andina y aún tiene en ella poco más del 50 por ciento de las acciones, aunque el presidente boliviano, Evo Morales, al decretar la nacionalización de los hidrocarburos en mayo pasado, dictó que la petrolera estatal YPFB deberá tener el 51 por ciento.

"Yo no se porqué se incomoda Repsol. Si no tiene nada, no tiene porque sentirse incómoda, no tiene porque salir, nosotros le damos la mayor garantía a estas personas y a esos señores directivos de esa empresa", dijo Soliz.

"Le damos seguridad jurídica a la empresa Repsol para que trabaje con la mayor normalidad en este país, simplemente queremos que nos apoyen y nos colaboren con la información que pedimos", agregó el fiscal de Santa Cruz.

Aseguró que el allanamiento de la sede de la empresa se produjo porque la firma "no colaboró en la investigación", pese a la obligación de todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, de "colaborar con la justicia boliviana".

Remarcó que los fiscales a su cargo realizan "una investigación penal" por una presunta violación de la ley y no "una persecución judicial", como denunció la empresa en un comunicado difundido en Madrid el domingo.

Soliz calificó de "tendencioso" ese documento porque señala a los fiscales como "funcionarios del ministerio Público del Gobierno boliviano", una vinculación que rechazó porque los presenta "como si fueran empleados del Poder Ejecutivo".

"Nosotros tenemos una autonomía funcional, no tenemos ningún nexo ni comunicación, más que la necesaria en materia de cooperación con el Poder Ejecutivo", apuntó el fiscal, e insistió en que no hay "ninguna injerencia" gubernamental en los temas investigados.

La denuncia contra Petrobrás y Repsol por el contrato de regulación de precios fue presentado por un director de Andina designado por la petrolera estatal YPFB y secundada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.