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Cochabamba - Bolivia Lunes, 28 de agosto de 2006

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MOLESTIA | La compañía petrolera califica de injustificada la "sistemática persecución" de la Fiscalía

Repsol advierte al Gobierno ejecutar "acciones legales"

Redacción Central

La compañía Repsol YPF anunció ayer que, si continúa "la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia" contra Andina, la filial que la petrolera hispano-argentina tiene en ese país, "ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos".

En un comunicado hecho público en Madrid, la empresa denuncia el "injustificado registro" que la Fiscalía boliviana efectuó el pasado viernes en las oficinas de Andina y dice que observa "con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia", quieran abrir procedimientos penales contra Repsol YPF.

"Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados", precisa el comunicado.

Además, la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia".

Para Repsol YPF, el registro de las oficinas de Andina es "una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno".

Además, la compañía cree que la actuación del Ministerio Público de Bolivia ha sido "arbitraria" y "carece de todo fundamento".

Un juez boliviano dejó ayer en libertad al síndico de Repsol YPF, Saúl Encinas Miranda, al que la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz acusó de "estafa agravada" y quien estaba detenido desde el viernes pasado por una supuesta responsabilidad en la firma del citado contrato con Petrobras.

No obstante, en el comunicado, Repsol YPF reitera su voluntad de prestar "toda su colaboración a las autoridades bolivianas para el total esclarecimiento de los hechos", una actitud "de permanente diálogo que tanto la compañía, como las autoridades españolas, han mantenido en todo momento", afirma.

Asimismo, destaca su "voluntad manifiesta" de seguir "colaborando con el progreso y el bienestar de la sociedad boliviana".

Sobre las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ayer subrayó su apuesta por "el diálogo" con la compañía para "tener un buen socio", Repsol YPF dice que confía en que se traducirán "en hechos concretos" que permitirán "la vuelta a un clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".

En ese sentido, la petrolera agrega que ve "con creciente preocupación la falta de seguridad jurídica" que hay en Bolivia y advierte de que, "en estas condiciones, es muy difícil[...] mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".

Senador de Podemos fue síndico de Andina

El senador de la alianza opositora Podemos, Óscar Ortiz, uno de los más recalcitrantes críticos del Gobierno de Evo Morales, fue síndico y director de la petrolera Andina, subsidiaria de la transnacional Repsol YPF, compañía a la que el Ministerio Público involucra en la firma de un contrato con Petrobras, que representó un daño económico al Estado boliviano de más de 161 millones de dólares.

Ortiz, senador por Poder Democrático y Social (Podemos) del ex presidente Jorge Quiroga, admitió esa relación aunque negó que haya tenido conocimiento de ese contrato que, según todas las informaciones, fue lesivo al Estado.

"En ninguna reunión de directorio de las cuales yo participé se firmó o se trató ese tema (contrato)", aseguró Ortiz y recordó que renunció públicamente a su cargo en esa empresa petrolera "porque no existía condiciones para una labor transparente".

La empresa petrolera Andina, subsidiaria de la Repsol, fue intervenida judicialmente el viernes a raíz de una denuncia en la que se la involucra en la firma de un contrato con Petrobras, que representó un daño económico al Estado de más de 161 millones de dólares.

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