BM pide a FPS y Alcaldía devolver $us 700 mil

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El Banco Mundial (BM) exige la devolución de 704.556 dólares de sobreprecio de la construcción de 27 redes educativas cochabambinas financiadas por el Proyecto de fortalecimiento de la calidad y equidad de la educación, que fue ejecutado de manera conjunta, en 2001 y 2002, entre la Alcaldía de Cercado y el Fondo Productivo Social (FPS), entidad descentralizada que coordina con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. La Alcaldía y el FPS se culpan mutuamente de las irregularidades que se cometieron.

El caso salió a la luz pública a través de una carta enviada por el citado ministerio al alcalde Gonzalo Terceros, el 20 de mayo de este año, donde se explica que si este monto definido por el BM no es resarcido por cualquiera de las dos instancias aludidas, podrían existir conflictos en la tramitación de futuros créditos para la región.

En la carta, se explica que el Departamento de Integridad Institucional del BM realizó una auditoría sobre el manejo de estos recursos y denunció a través de un informe que "el Gobierno Municipal de Cochabamba es responsable del proceso de contratación, donde se identificaron actos de corrupción", que provocaron la pérdida económica.

Esta misiva, además, establece que este daño económico se produjo sobre el financiamiento otorgado a través del convenio de crédito 3096/BO del BM y el convenio de donación sueca TF 24243.

El ministerio también sostiene que "el Gobierno Municipal de Cochabamba no inició acción formal alguna en contra de los funcionarios involucrados en actos colusivos para la determinación de responsabilidades", por lo cual exige que la entidad edil se encargue de la reposición de estos recursos.

Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Rolando Morales, dijo que el municipio no devolverá ese dinero, pues existe evidencia de que el FPS es la entidad que debe cargar con esta responsabilidad económica. Según dijo, ya "se ha ventilado un juicio donde se sentenció a cárcel a los autores y no está inmiscuido ningún funcionario municipal en este hecho, pues todos los trabajadores ediles implicados fueron sobreseídos".

Pese a esta explicación, desde la sede de gobierno insisten en que el pago debe hacerlo el municipio cochabambino, pues, además de la carta del Ministerio de Planificación, existe un informe del FPS que desconoce la explicación brindada por Morales y establece la responsabilidad del municipio sobre esta deuda. Según este nuevo informe, las irregularidades se cometieron desde la comisión calificadora del municipio, en la que participó el actual director de Comunas, Gustavo Camargo.

El Secretario Ejecutivo edil sostuvo que sobre esta demanda, "al estar vinculado un funcionario edil actual se han iniciado los procesos de auditoría correspondientes y en cuanto tengamos los resultados tomaremos las cartas en el asunto, pero sólo será responsabilidad administrativa porque la penal ya tiene sentencia".

Morales aseguró que, pese a la realización de este proceso de auditoría interna, "no reconocemos ninguna deuda, y si existiese tiene que ser pagada por el FPS cumpliendo con la sentencia emitida por el juzgado que tramitó el hecho".

Antecedentes

El crédito entregado entre 2001 y 2002 por el Banco Mundial (BM) y la Cooperación Sueca fue de 4.059.597 dólares, que debían ser invertidos en la construcción de 27 redes educativas en el municipio del Cercado.

Cuando este monto fue ejecutado, un equipo especial del BM efectuó auditorías sobre la forma en que se dispusieron estos recursos y detectó irregularidades en algunos contratos, en los que, por sobreprecios, se gastó un excedente que supera los 700 mil dólares.

El FPS establece que la entidad encargada de hacer los contratos fue la Alcaldía de Cercado, razón por la cual exige que se debite el monto de sus cuentas fiscales.

La Alcaldía sostiene que los recursos fueron administrados por el FPS con el concurso del municipio, pero asegura que la responsabilidad de efectuar la adjudicación final es suya y también es la encargada de instruir a quiénes se paga y cuánto se paga.

Frente a estas irregularidades, un juicio penal en 2004 concluyó con una sentencia y una reclusión de los funcionarios del FPS implicados en el caso, pero en 2007 el gobierno empieza a ejecutar todas las acciones necesarias para recuperar este monto.