El cierre de carreteras y válvulas --ya no solo de instalaciones petroleras en este último caso, sino de sistemas de provisión de agua potable como por doble partida acaba de darse en perjuicio de la vecina ciudad de Quillacollo--, se está convirtiendo en recurrente instrumento de presión sectorial o corporativa para el logro de cualquier objetivo, sin que autoridad alguna intente siquiera contrarrestarlo.
Tan es así que a quienes se les ocurre demandar una y otra cosa, no trepidan en lanzarse a los hechos, exigiendo inclusive la presencia del Presidente o el Vicepresidente de la República para sacarles lo que les viene en gana.
Estos extremos atentan contra el ordenamiento jurídico del país y en vista de que nadie se inhibe de practicarlos por respeto a la ley y un mínimo de consideración para con sus semejantes, es tiempo de que el gobierno empiece a tomar medidas para erradicarlos mediante el simple empleo de los mecanismos que la propia normativa pone en sus manos.
Es decir que si la cultura y el grado de civilización son insuficientes para la depuración de la conducta y hasta parecen tornarla cada vez más irracional y violenta, está el recurso punitivo de la ley que a fuer de aplicarse, logrará quizá la necesaria regeneración.
De no procederse así y sin más pérdida de tiempo, los bloqueos y la interrupción de servicios generarán reacciones de sus víctimas, con el consiguiente riesgo de enfrentamientos indeseables.
