Exclusión económica y "empresas comunitarias"

La eliminación de diferentes formas de exclusión económica constituye una de las tareas más importantes por encarar en Bolivia se trata del mayor problema tanto para nuestro desarrollo económico como para el de la gran mayoría de los países en desarrollo; ya que sólo de esa manera se podrá superar de manera integral barreras sociales y económicas que explican el pobre desempeño de nuestra economía y también de los indicadores socioeconómicos nacionales.

La exclusión económica existente impide un mayor crecimiento de los agentes económicos independientemente de su forma de organización, tamaño, ubicación o de su grado de formalización, y el desarrollo de dinámicas sostenibles de encadenamientos, integración y complementariedad.

Al respecto, se debe tener presente que la exclusión económica no responde a una causa puntual sino a múltiples factores que rebasan el ámbito económico, por lo que no se la puede encarar desde una sola dimensión. En otras palabras, encarar unilateralmente la falta de acceso a financiamiento o el no reconocimiento legal de una determinada forma de organización económica no es suficiente ni adecuado para resolver el problema de la exclusión económica. A esta especie de monstruo de mil cabezas sólo se lo puede derribar atacando simultáneamente a todas ellas.

De acuerdo a investigaciones de la Superintendencia de Empresas, sólo 31.166 empresas de un millón 600 mil unidades están inscritas en el registro de comercio, por lo que según el Superintendente sectorial "sólo ese 3% goza de todos los derechos de los agentes económicos, entre ellos, el derecho de firmar contratos en nombre de la empresa, la apertura de una cuenta en un banco, la posibilidad de ser sujeto de crédito y la facultad de exportar.

En ese sentido, se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre empresas comunitarias, cuyo objetivo es reconocer la naturaleza ancestral de las empresas comunitarias a través de la incorporación del sector popular en el ámbito de la economía nacional y se buscaría como beneficios para dicho sector: firmar contratos a nombre de sus organizaciones, abrir depósitos en entidades financieras, realizar exportaciones, tener derecho a la seguridad social, créditos y al régimen de pensiones.

Si bien resulta destacable que se hubiera trabajado en un proyecto de normativa dirigida a generar mayores oportunidades para determinados sectores excluidos, sería erróneo suponer que "el proyecto busca terminar con la exclusión social y económica", como manifestó a los medios de comunicación un asesor involucrado en el correspondiente proceso de elaboración; ya que en el mejor de los casos se estaría atacando un par de cabezas del monstruo.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los agentes económicos que se desenvuelven en condiciones de informalidad o bajo lógicas comunitarias o campesinas --una parte importante del 97% que no se encuentra en los registros de comercio--, han desarrollado diversas formas y mecanismos para acceder a ciertas oportunidades económicas como microcréditos, crédito solidario, asistencia técnica e inclusive a compras estatales.

El reconocimiento legal de empresas comunitarias puede ser una alternativa interesante, pero todavía a ser estudiada en el marco no sólo de sus fortalezas y oportunidades sino también de sus debilidades y amenazas. Percibirla como una panacea podría conducir a una nueva frustración.

El autor es docente universitario

jorgetorresobleas@hotmail.com