La Paz | ABI
El gobierno del Presidente, Evo Morales, mantiene sus "serias observaciones" contra el Tribunal Constitucional no sólo por su actuación en el caso del Lloyd Aéreo Bolivianos (LAB), si no también por resoluciones cuestionadas del pasado.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, recordó una serie de observaciones a los tribunos, en fallos que declaraban, por ejemplo la constitucionalidad de la ley de Capitalización y el rechazo a la ampliación del juicio de responsabilidades por el caso febrero-2003.
Una de las recientes observaciones estuvo dirigida a la decisión que motivó el cese de la intervención de la línea aérea bandera de Bolivia. "Nosotros creemos que el Tribunal Constitucional debió haber hecho un análisis más amplio en relación a este punto concreto", explicó.
El Tribunal Constitucional, la semana pasada admitió el recurso contra la intervención del LAB. Esta decisión cesó la intervención del gobierno, que se inició el 10 de febrero como consecuencia de un paro de los pilotos y una serie de denuncias de irregularidad económicas.
Los trabajadores y pilotos rechazaron las consecuencias del fallo de los tribunos e intensificaron sus medidas de presión que amenazan con ahondar la crisis de la aerolínea por la suspensión de vuelos internacionales y deudas que se acercarían a las 150 millones de dólares. "El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad, en un estado de derecho de saber valorar y parangonar el derecho positivo con el derecho justo", sostuvo en un pronunciamiento del gobierno, donde también recordó que los tribunos son conscientes de las implicancias políticas de sus acciones.
Arce dejó en toda la libertad a los tribunos de recurrir, como lo anunciaron, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias que hizo el Presidente de la República, porque existen "serias observaciones" a su actuación en una diversidad de casos.
"El gobierno tiene bien definida una línea y de cara a la opinión publica demuestra que por una acción de los ejecutivos del LAB, el Tribunal Constitucional ha dejado al gobierno sin competencias" en la solución a la crisis de la línea bandera del país, insistió.
También se cuestionó que se conoció la admisión constitucional a través de la prensa y se pidió, en el marco de la independencia de poderes "una información antelada para que el gobierno pueda saber a que atenerse".
