La Paz | ABI
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que es elaborado por el gobierno es apoyado por la Fundación Jubileo porque permitirá impulsar el desarrollo productivo con generación de empleo estable, la inclusión social, preservación de la estabilidad económica y acceso a los servicios básicos.
Con este fin, este miércoles, esta fundación presentó su revista "Cuestión de Justicia: Desigualdad y Pobreza en Bolivia", en el que plantean al gobierno como corregir las injusticias y resolver la desigualdad y pobreza, que indican, son dos caras de la misma medalla.
La Fundación Jubileo hizo un llamado a la ciudadanía y a los encargados de adoptar decisiones, para promover los espacios de discusión y concertación para aplicar políticas inclusivas que, en un futuro próximo, permitan una convivencia pacífica, resultado de una mayor justicia social.
De acuerdo al análisis de esta publicación, la desigualdad tiene que ver con la distribución del ingreso, de la pobreza y de las oportunidades; lo que implica el bienestar de pocos, a costa de la gran mayoría de la población.
Estos problemas explican, en parte, el hecho que desde el 2.000, Bolivia se vea enfrentada por permanentes conflictos, los cuales generaron cambios de gobierno en menos de cuatro años.
El director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Nuñez, dijo que llama la atención el argumento de que la demasiada participación social ocasionó la ingobernabilidad. Nada más errado, puesto que la verdadera democracia, a diferencia de los sistemas autoritarios, debe promover el ejercicio de la ciudadanía y la mayor equidad, enfatizó.
A principio del siglo XXI, Bolivia parece ser el país desigual de América Latina. Una muestra es que el 10% más rico de la población acapara el 47% de los ingresos; en cambió, el 10% más pobre sobrevive con el 02 %; es decir, recibe 235 veces menos, explicó.
La Fundación Jubileo considera que la elevada desigualdad en Bolivia se debe a factores estructurales y de políticas públicas, entre los más importantes; diferencia en los niveles educativos, distribución inequitativa de la tierra, desarrollo basado en recursos naturales, discriminación étnica y por género, informalización y precarización del empleo, poca atención al desarrollo rural, ineficiencia y corrupción.
La inequidad, además de ser éticamente inaceptable, frena el desarrollo, ya que está demostrado que países con altos niveles de desigualdad crecen menos que sociedades más equitativas y, por consiguiente, tienen más dificultades para desarrollar políticas efectivas de reducción de la pobreza.
En Bolivia, la brecha entre pobres y ricos es uno de los factores que puede explicar el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que, en promedio, llegó apenas al 2.8% en los últimos nueve años. Deduciendo la tasa de crecimiento de la población, se tiene un crecimiento per cápita de tan solo 0.5%, lo que es insuficiente para combatir la pobreza.
Tomando en cuenta el ingreso, según los datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), entre 1.997 y 2.003, la pobreza aumentó en dos puntos porcentuales, llegando al 65%. Asimismo, la pobreza extrema se incrementó de 38% a 41%.
Ahora bien, según datos del Censo 2.001, la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se redujo considerablemente de 86% en 1.976 a 59%, el 2.001.
Estos datos, que parecen contradictorios, explican que si bien la mayoría de los bolivianos tiene acceso a servicios básicos, un gran porcentaje percibe un salario miserable que lo ubica por debajo de la linea de la pobreza o, peor aún, no tiene empleo. A esto se añade que la pobreza está concentrada en el área rural del país.
Esta situación de injusticia debe ser resuelta, considera la Fundación Jubileo, ante todo, con políticas efectivas y transparentes, acompañadas de una mejor distribución del ingreso, pero principalmente de los activos.
También es importante lograr una mejor formación del capital humano, cambiar el patrón de desarrollo, encarar una efectiva reforma agraria, promover la mayor participación de los pobres en la toma de decisiones, orientar el gasto público a los sectores más postergados e implementar un sistema tributario más progresivo.
