El Deber y Agencias.- La salida o permanencia de la empresa EBX en la zona fronteriza de Puerto Suárez, hasta el momento, ha provocado más de una confrontación: mientras el Gobierno ha reiterado que no hay nada que negociar sobre la salida de la siderúrgica, los pobladores de la provincia Germán Busch mantienen inalterable su defensa de la empresa, a través de paro cívico indefinido declarado el jueves y el bloqueo de las diferentes vías de comunicación: carretera, aeropuerto y línea férrea.
Pero el tema también llegó a socavar la unidad del Comité Cívico pro Santa. "Entre empresarios se entienden, pero nosotros tenemos que responder a las más de 200 instituciones que forman parte del Comité pro Santa Cruz", dijo Germán Castedo, vicepresidente del organismo cívico, cuando se le consultó sobre un pronunciamiento librado por varios gremios empresariales en defensa de la empresa EBX.
El aviso de prensa fue publicado el jueves y está firmado por la Federación de Empresarios Privados, la Cainco, la CAO, la Cadex y la Cámara Minera de Bolivia, y en él piden al Gobierno dar muestras de "un espíritu constructivo y democrático"; además de resaltar los beneficios que hubiese traído a la provincia Germán Busch el establecimiento de la procesadora de hierro.
El día antes, Elio Gericke, representante cívico de Puerto Suárez, había anunciado la desafiliación del Comité pro Puerto Suárez de la matriz cruceña y había reclamado que apoyara a la empresa del brasileño Eike Batista.
Sin embargo, la posición de Germán Antelo se mantuvo invariable: No podemos defender a una empresa que no es legal. Los roces entre Antelo y los representantes de Germán Busch comenzaron el viernes pasado, cuando el presidente cívico les pidió que levanten el paro que mantenían en la frontera desde hacía 48 horas, ya que parecía que toda la movilización de las instituciones cruceñas era para defender a EBX, cuando en realidad estaba enfocada en desarrollar el proyecto Mutún, conseguir ítems para salud y educación, y garantizar el respeto a las instituciones locales.
Las denuncias del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, reiteradas luego por una parlamentaria del MAS, contra Podemos acusando de estar detrás de las movilizaciones de Puerto Suárez, dio lugar a más de una reacción, rechazando esas sindicaciones.
El tema, sin embargo, trascendió las fronteras bolivianas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ayer que la delicada situación de algunas de las empresas de su país que operan en Bolivia -el caso de EBX- será solucionada a través del diálogo con el gobierno de Evo Morales.
"Estoy terminando mi mandato y nunca he peleado con nadie, así que menos lo voy a hacer ahora con Evo Morales, presidente elegido por una inmensa mayoría del pueblo de Bolivia", dijo a periodistas Lula en alusión a los conflictos derivados de las nuevas leyes de hidrocarburos en esa nación andina.
