Paros cívicos y del transporte pesado de carga e interdepartamental de viajeros marcarán el inicio de un nuevo mes.
Coincidiendo con el feriado del 1 de mayo que, de paso sea dicho, dará lugar a una suerte de medición de fuerzas entre el gobierno y la errática mesa directiva de la Central Obrera Boliviana, en vez de ser ocasión propicia para un merecido descanso de los trabajadores, la administración del presidente Evo Morales tendrá que afrontar problemas de difícil resolución. Tal el caso del paro y bloqueos en ejecución en Puerto Suárez y localidades cercanas de la provincia Germán Busch de Santa Cruz, exigiendo la continuidad de las operaciones de la empresa siderúrgica brasileña EBX, oficialmente sindicada de no contar con autorización medioambiental para funcionar y, peor todavía, de haberse establecido en lugar prohibido por la Constitución Política del Estado, por lo que inclusive fue amenazada de expulsión forzosa del país.
Al respecto, el gobierno hizo saber que no cederá ante lo que el vicepresidente García Linera calificó de "chantaje político" de aquella deprimida región fronteriza con Brasil, cuyas autoridades y representantes cívicos concedieron plazo justamente hasta el día lunes para que su demanda fuese atendida.
Por su parte, el Comité Pro Santa Cruz determinó otra suspensión de actividades el 4 de mayo entrante pidiendo un mayor número de ítems para la educación y la salud pública, zanjadas al parecer sus susceptibilidades de cara al proceso de licitación de la reserva de El Mutún, motivando que el Ministro de la Presidencia indicara que el Tesoro General de la Nación no podrá ir más allá de lo ofrecido al distrito oriental.
Ahora bien, la misma jornada dedicada a la clase trabajadora verá la luz junto a la detención de los servicios de transporte interdepartamental, en vista de la ruptura del diálogo con los propietarios de las empresas que lo detentan pero negándose a tributar, con excepción de siete que a duras penas se inscribieron en las oficinas correspondientes para hacerlo en adelante, circunstancia que inclinó al titular de Hacienda a pedir la comprensión y hasta el sacrificio de la población frente a un sector acostumbrado, como es de conocimiento y rechazo públicos, a los privilegios fuera de toda norma de derecho y racionalidad.
Por si fuera poco, el transporte pesado con base en Cochabamba protestará asimismo contra el mal estado de las carreteras al resto del territorio nacional interrumpiendo el tráfico allí donde los desperfectos se hacen más notorios e insufribles, extremo que al parecer es consecuencia del no pago a sus contratistas por el Servicio Nacional de Caminos.
Todo hace ver, pues, que se avecina una semana conflictiva al inicio de un nuevo mes.