Después de casi 20 años de múltiples intentos por erradicar la coca en el país, el Gobierno de Evo Morales ya ha puesto en marcha un nuevo plan para controlar la producción de la hoja, principalmente en el trópico de Cochabamba, basado en dos pilares completamente diferentes: la reducción voluntaria de la coca excedente y la industrialización de la coca legal, para llegar con esos productos incluso a mercados internacionales.
Tras haber enfrentado directamente el impacto de los diferentes planes de erradicación de los cultivos de hoja, caracterizado por enfrentamientos violentos entre gobierno y productores de coca, Evo Morales ha desmitificado la falacia de "coca cero" en el país y ha advertido que habrá reducción, pero no erradicación total de los cultivos.
Los agresivos planes de erradicación de coca que llevaron adelante sus antecesores, con millonarias inversiones y el pago por la erradicación, dejaron víctimas, especialmente en Chapare. Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-2003) y de Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002) lanzaron feroces campañas contra la coca apuntalados por la inflexible política de Washington.
Con esos antecedentes y la ventaja de haber sido productor de coca y líder de este sector, Evo se ha propuesto no repetir el fracaso de sus antecesores y ha establecido un pacto con los cocaleros de Chapare, Cochabamba, y los Yungas de La Paz, para que voluntariamente reduzcan los cultivos excedentes y coadyuven en la lucha contra el narcotráfico, dos compromisos "dudosos" para Washington.
Desafiando esos vaticinios, Morales lanzó en Caranavi un programa de control de plantaciones de coca para evitar la expansión del narcotráfico. "El mejor aporte a la lucha contra el narcotráfico es la reducción voluntaria y producción de coca racionalizada por familia, y vamos a demostrar cómo se lucha contra el narcotráfico, sin represión, sin erradicación forzosa, sólo con reducción voluntaria", destacó.
La producción de coca en Yungas está permitida hasta 12 mil hectáreas, exclusivamente para uso tradicional y fines medicinales y rituales. Estos límites de producción señalados por la Ley 1008, se ha dicho, van a ser respetados y cumplidos, pero el Gobierno de Morales, desde que asumió el mando, prácticamente ha dejado en desuso la ley, pues se ha propuesto "una extensión limitada de cultivos de coca por familia, para que no haya exceso de coca" y afirmó que esa meta supone "erradicación voluntaria, concertada (pero) sin que haya cero de coca" como pretende Estados Unidos.
La Ley 1008, el próximo paso
Para los productores de coca, anular la Ley 1008 es el próximo compromiso que deberá cumplir el Gobierno de Evo Morales, aunque algunas autoridades del Ejecutivo ya anticiparon que sólo se introducirán reformas y modificaciones, que están siendo analizadas, en aquellos temas que afectan a los productores y las nuevas políticas diseñadas por este Gobierno.
Según algunos dirigentes, sólo anulando la Ley 1008 se va a levantar la penalización impuesta sobre la coca y los productores, y así poder impulsar su industrialización y comercialización tanto en mercados internos como internacionales.
La Ley 1008 calificada como "draconiana" e inconstitucional por la drástica manera con que cayó sobre muchos productores de coca, recluyéndolos en las cárceles del país con condenas superiores a los delincuentes que cometieron un crimen, se dice que fue aprobada por una imposición de Estados Unidos, "destinada a restringir el mercado legal y crear las condiciones óptimas para el desvío de la coca para actividades ilícitas", porque nunca alcanzó los objetivos por los cuales fue promulgada: impedir la fabricación y comercialización de sustancias químicas prohibidas.
Esta legislación, al englobar en una sola ley tanto la hoja natural como los derivados ilícitos, ha creado confusión y dado el mismo trato a ambos productos, evitando alternativas de industrialización de la hoja, como fue el planteamiento desde hace muchos años de los productores de la coca.
