El prefecto de Cochabamba, Ramón Daza Rivero, anunció ayer que inició su defensa "como Prefecto y ciudadano" ante la demanda penal iniciada por el consorcio Eccsa Coboce, entidad que argumentó incumplimiento "reiterado" de obligaciones con relación a una supuesta omisión de suscripción de un contrato, en los plazos establecidos, para la construcción de pavimento rígido en los tramos Epizana-Totora y Tiraque-Aguirre.

La querella fue interpuesta por la empresa el pasado martes e incluye al ex prefecto Alfonso Camacho Peña por la misma causa.

Daza Rivero, en una conferencia de prensa ayer, denunció una "campaña de prensa, mediática, con ribetes de escándalo" que la firma Coboce habría iniciado hace algunas semanas y concluido con la publicación de una solicitada que anunciaba la demanda.

Por su parte, el consorcio Eccsa Coboce argumenta que los contratos que debían ser firmados en la pasada gestión prefectural, de Camacho Peña, no se consolidaron ni siquiera en la reciente gestión a pesar de una solicitud al actual Prefecto, lo que habría provocado daños económicos que ascenderían a millones de bolivianos.

El problema comenzó el pasado año cuando el señalado consorcio ganó la licitación de la construcción de las mencionadas vías, incluida Parotani-Capinota, que requerían un crédito público para su ejecución.

Sin embargo, la certificación del crédito no fue aprobada por el Gobierno central por errores administrativos y, finalmente, tras varias gestiones, el Consejo Departamental aprobó hace algunas semanas la construcción de asfalto en las rutas, más barato, y pagado con recursos de inversión directa.

Defensa

Daza Rivero aclaró que instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos la defensa del Prefecto del Departamento y que contrató, personalmente, un estudio jurídico para que "asuma la defensa del ciudadano Ramón Daza Rivero".

Dijo que el expediente de las tres vías camineras, que tienen que ver con el grupo Eccsa Coboce, fue remitido ayer a la Contraloría General de la República para que esta instancia, la máxima de control fiscal en el país, se pronuncie.

"Este es un problema, un juicio criminal planteado por un poderoso grupo económico, en contra de la Prefectura y del Prefecto por actos que este ciudadano no ha cometido en ningún momento", subrayó.

ACUSACIONES

El consejero Tito Cartagena dijo que el conflicto recayó en la falta de la certificación de crédito público a pesar de los reclamos que hizo el Consejo para que la anterior gestión prefectural pueda solicitarla.

Sobre el mismo tema, el consejero Carlos Bautista señaló que el problema surgió debido a la "negligencia de la pasada gestión".

Bautista responsabilizó, de manera directa, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Prefectura, presidida por Alberto Montero, como la responsable de las irregularidades en la licitación de las tres vías camineras.