La cuestión de la pena capital tendría que dilucidarse a luz de las ciencias jurídicas, sociales y del comportamiento; pero está en manos de políticos demagogos y legisladores ignorantes

Dos hechos, en apariencia inconexos, podrían derivar en una sola estupidez: la instauración de la pena de muerte. La cuestión está otra vez sobre el tapete por la violación y asesinato de una niña, y por otro lado la contienda electoral puede inducir a algún candidato demagogo a usarla como bandera electoral. No sería la primera vez.

A través del sistema escolar, los estados predican la paz y el respeto a la vida; pero monopolizan la violencia y algunos practican el asesinato legal en nombre de la sociedad y de la justicia. Para los políticos, la pena capital no es un problema jurídico, filosófico ni religioso, sino una cuestión de popularidad: George W. Bush, gobernador de Texas, batió todos los récords de ejecuciones en la historia de Estados Unidos (alrededor de 200), y negó el perdón a Gary Graham, un negro que alegó inocencia hasta el final. Estaba ya en campaña por la presidencia y sabía que un 70% del electorado favorecía la pena de muerte, en un país donde todos los crímenes se achacan a los negros. Allí, más del 50% de los ajusticiados son de una minoría que apenas supera el diez por ciento de la población: justamente los negros.

Que la violencia no sirve contra violencia se advierte justamente en los estados que, con la idea de eliminar o frenar el crimen, se arrogan la facultad de crucificar, lapidar, ahorcar, decapitar, fusilar o electrocutar legalmente, y más bien incrementan la criminalidad. Mil y un razones se alegan para justificar la pena de muerte; pero basta una para invalidarla: en ningún país el andamiaje judicial es confiable, y hay siempre un amplio margen para el error o para la mala fe. ¿Qué es más vergonzoso, dejar vivo a un criminal o ajusticiar a un inocente?

Nunca se sabrá a cuántos inocentes ha matado la justicia estadounidense, como a los anarquistas Sacco y Vanzetti, fusilados por intereses políticos; o como a los esposos Rosemberg, acusados de espionaje sólo para calentar la guerra fría. En 1997, los legisladores de Louisiana aprobaron una ley cavernaria para halagar al electorado: autorizaba a matar a cualquier presunto ladrón de vehículos, aunque estuviera desarmado. ¿Y los fiscales gringos? No trepidan en inventar u ocultar evidencias para condenar a cualquier acusado, aunque no hubiera matado a una mosca, porque sus cargos son electivos y mandar presuntos criminales al patíbulo significa ganar votos.

¿Y cómo andamos en casa? El presidente Busch ordenó la ejecución del sacerdote Catorceno en Potosí, sin juicio, por presunta violación, y evidencias posteriores apuntaron a su inocencia. El presidente Bautista Saavedra conmutó la pena de muerte a Tomasina Copa, campesina condenada por asesinato; pero fue inflexible con Felipe Honores, un bandido fusilado en Potosí. ¿Por qué blando antes y duro después? Es que Honores era chileno y estaba candente la cuestión marítima. El último fusilado en Bolivia fue Melquíades Suxo, campesino analfabeto y sin recursos para defenderse. Banzer, dictador, le negó el indulto; luego, ya demócrata, se declaró enemigo de la pena de muerte.

La cuestión de la pena capital tendría que dilucidarse a luz de las ciencias jurídicas, sociales y del comportamiento; pero está en manos de políticos demagogos y legisladores ignorantes. Somos mortales, y algún día dejaremos este Valle de Lágrimas; pero, ¿a quién le gustaría morir por una estúpida o canallesca decisión judicial? A cualquiera podría ocurrirle, sobre todo en este país donde policías, jueces y políticos ultrajan a la justicia.