Evo decreta consulta para aprobar CPE; Conalde anuncia resistencia

Redacción Central

El presidente Evo Morales convocó ayer, a través de un decreto, a referéndum nacional el 7 de diciembre para aprobar o rechazar su proyecto de Constitución Política del Estado (CPE).

En tanto, el Consejo Nacional Democrático (Conalde) y parlamentarios de la oposición han anunciado una dura resistencia contra el "proyecto ilegal del Movimiento al Socialismo y que además es resultado de la violencia y muerte ocurridas en Sucre en noviembre de 2007".

Los prefectos y cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisca se reúnen hoy de emergencia para definir acciones.

Además de la consulta sobre la nueva CPE convocada para el 7 de diciembre de 2008, el decreto supremo llama también para esa fecha a referéndum nacional dirimidor (para definir la extensión de la propiedad de la tierra), elección de prefectos de La Paz y Cochabamba, y de subprefectos y consejeros departamentales en los nueve departamentos del país.

El decreto ha recibido el apoyo de los movimientos sociales afines al Gobierno y están agrupados en el llamado Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), cuyos representantes asistieron a la firma del documento en Palacio Quemado.

El secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, dijo que el Gobierno no puede convocar a un referéndum para aprobar procesos ilegales como la elaboración de la propuesta constitucional del Movimiento Al Socialismo (MAS), concretada por asambleístas oficialistas en medio de muertos y heridos en la ciudad de Sucre en noviembre de 2007.

La autoridad adelantó que el Conalde lanzará una posición oficial frente al decreto supremo cerca al medio día de hoy, aunque se prevé que la posición del gobierno será duramente resistida.

Los parlamentarios de la oposición como Antonio Franco y Bernardo Montenegro (Podemos), además de Arturo Murillo (UN), manifestaron que la decisión del Gobierno, lejos de unificar al país como pregona el presidente Evo Morales, sólo traerá un baño de sangre en el país, que es necesario evitar a toda costa.

Desde Sucre, el presidente cívico chuquisaqueño Jhon Cava manifestó que "en respeto a los muertos que ofrendó Sucre durante el proceso de aprobación del texto constitucional, el departamento de Chuquisaca debe rechazar la intención de su aprobación".

El dirigente lamentó la "actitud ilegal" que asumió el Gobierno al recurrir a un decreto para propiciar la vía para el referéndum aprobatorio del proyecto de Constitución Política del Estado.

"Tenemos que ser consecuentes con el cabildo de 100 mil personas, que determinó rechazar cualquier acción que tenga que ver con la Asamblea Constituyente y la Corte Departamental Electoral tendrá que estar a la altura de la memoria de los muertos y la sangre derramada, y desestimar de administrar este proceso ilegal", aseveró Cava.

Justificativo

El presidente Morales promulgó el decreto en una ceremonia celebrada en el palacio presidencial junto a decenas de seguidores. "No sólo es un pedido de organizaciones y sindicatos, es un mandato del pueblo para consolidar esta política de cambios", dijo Morales en su discurso al referirse al 67,4% de los votos que lo ratificaron en el cargo en el referendo celebrado el 10 de agosto.

"Tenemos que avanzar en la refundación de Bolivia para garantizar un Estado plurinacional. Estamos hablando de transformaciones profundas en democracia", acotó. "Que el pueblo decida con su voto sobre la Constitución, ya que no podemos entendernos las autoridades".

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb)), Isacc Ávalos, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que la convocatoria tiene como base legal la Ley 3835 aprobada el 29 de febrero de este año por el Congreso Nacional, en la que se convoca a referéndum dirimidor y aprobatorio del nuevo texto constitucional.

"Hemos visto que la convocatoria a elección de prefectos se lo hizo mediante decreto. Entonces, hay muchos antecedentes, por eso se decidió que el Presidente firme el decreto", manifestó el dirigente.

Regiones se reúnen hoy

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, anunció para hoy una urgente reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde) para definir acciones. "Toda vez que el Gobierno se halla empecinado no sólo en no devolver los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino en encarar varios cambios en el país, que no son del agrado de los prefectos de regiones opositoras como Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca", dijo.

Cossío aseveró que, pese al decreto emitido por el Gobierno, se pondrá en contacto con el Cardenal Julio Terrazas, a quien le expresará, a nombre del Conalde, el pedido para que la Iglesia facilite el proceso de diálogo con el Ejecutivo.

En Potosí el asambleísta por Alianza Social (AS) Wenceslao Alba dijo que el texto aprobado en Sucre y refrendado en Oruro se tiene que revisar. Remarcó, además, que el documento publicado oficialmente no es el mismo que fue aprobado en la Comisión de Minería, ya que habría sido cambiado por gente del oficialismo en una reunión con los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

El asambleísta indicó que tiene las pruebas para demostrar lo que señala y que lo propio habría ocurrido con el resto del texto constitucional que ahora los miembros del Movimiento al Socialismo y los movimientos sociales quieren hacer aprobar en un referendo convocado por decreto supremo.

CRONOLOGÍA

10 de agosto. Se celebra el referéndum sobre mandatos que ratifica a Evo Morales con un respaldo del 67,4 por ciento, pero también a los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Quedan revocados los también opositores de La Paz y Cochabamba.

13 de agosto. Otro intento de diálogo entre Morales y los prefectos fracasa.

19 de agosto. Las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca paran parcialmente para exigir la devolución del IDH y la flexibilización del proyecto de nueva Constitución del MAS.

25 de agosto. Las regiones petroleras de país inician un bloqueo de rutas hacia Argentina y Paraguay para aumentar la presión contra el Gobierno.

27 de agosto. Los prefectos opositores advierten que no permitirán la celebración de la consulta sobre la Constitución en sus territorios.