Cargos: obstrucción a la justicia, perjurio y falso testimonio

Washington | Efe.- Lewis "Scooter" Libby, hasta ayer jefe de Gabinete del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, mintió de forma repetida en el "caso Plame", afirmó el fiscal Patrick Fitzgerald, que lo acusó de cinco cargos que le pueden costar 30 años de cárcel.

El fiscal Fitzgerald presentó una acusación de obstrucción a la justicia, dos de perjurio y dos de falso testimonio contra el hombre de confianza de Cheney.

Libby aseguró, luego de renunciar a su cargo, que está "convencido" de que al final de este proceso será "completa y totalmente exonerado".

Jurado se disuelve

El jurado investigador se disolvió ayer tras casi dos años de pesquisas durante los que, según explicó Fitzgerald, ha tratado de determinar quién dijo qué, a quién y cuándo en el "caso Plame".

Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA hasta que en 2003 su identidad salió publicada en un artículo.

Su esposo, el ex diplomático Joseph Wilson, atribuyó la filtración a una venganza de la Casa Blanca en su contra, por haber acusado al Gobierno de invadir Irak con falsos pretextos.

Wilson difundió ayer un comunicado en el que califica la decisión de "un paso importante", aunque señaló también que "es un día triste" para Estados Unidos del que nadie puede alegrarse, porque supone una acusación contra la propia Casa Blanca.

Por su parte, el presidente George W. Bush, aseguró ayer que el trabajo del Gobierno continuará. En una breve declaración antes de partir hacia Camp David, donde pasará el fin de semana, Bush se declaró "entristecido" por la presentación de cargos y por la dimisión de Libby.

Aunque el grueso de la investigación ha acabado, Fitzgerald aseguró que la pesquisa continúa.

Karl Rove, el principal asesor político de Bush, se libró de las acusaciones, pero sigue bajo investigación.

Fitzgerald recordó en rueda de prensa que Libby dijo a la policía federal (FBI) que se enteró de la ocupación de Plame a través del periodista de la cadena NBC Tim Russert, y que lo comentó posteriormente con otros reporteros sin saber ni siquiera si era cierto que la esposa de Wilson fuese espía.

Esas afirmaciones, insistió el fiscal de origen irlandés, son falsas. Libby habló con varios reporteros sobre Plame antes de la citada conversación con Russert quien, apuntó Fitzgerald, nunca le dijo nada al ex asesor de Cheney sobre Plame.

Cuatro personas

El fiscal, de 44 años, afirmó que al menos cuatro personas en la administración le revelaron a Libby la identidad de Plame antes de que el nombre de la espía saliese por primera vez a la luz, el 14 de julio de 2003. Uno de esos funcionarios fue el propio Cheney.

Esas conversaciones no son ilegales, ya que los funcionarios en cuestión tienen permiso para acceder a información secreta, pero difundirlas públicamente a sabiendas sí lo sería.

Curiosamente, Fitzgerald no presentó cargos contra Libby por la filtración del nombre de la espía, el motivo por el que se abrió la investigación.

UN "DURO REVÉS"

La acusación contra Libby supone un "duro revés" para Cheney, que ha mantenido con su jefe de Gabinete una relación casi paternal, invitándolo incluso a veranear en su casa de Wyoming, anota EFE.

El vicepresidente recordó ayer que su ya ex jefe de Gabinete y asesor de Seguridad Nacional debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, agrega la agencia EFE.

Jefe de oposición demócrata

"Este es un caso de cómo la Casa Blanca fabricó y manipuló información secreta para reforzar su argumento para ir a la guerra en Irak y para desacreditar a cualquiera que se atreva a retar al presidente", afirmó ayer en un comunicado Harry Reid, jefe de la oposición demócrata en el Senado. La acusación del influyente asesor del Gobierno promete volver a poner en cuestión durante el juicio los motivos de Estados Unidos para lanzar la guerra contra Irak.

Bush dio la orden de invadir Irak en marzo de 2003, diciendo que el programa de armas de destrucción masiva de Sadam Husein suponía una grave e inmediata amenaza para Estados Unidos. Las armas nunca se encontraron y el número de soldados estadounidenses muertos en el país árabe supera ya los 2.000, recuerda la agencia EFE. Acerca de si la responsabilidad de la filtración podría recaer en otro funcionario, el fiscal apuntó que la ley le prohíbe hablar al respecto y que sólo puede declarar sobre los cargos ya presentados.