Bolivia invita a bancos a valorar acciones de petroleras

LA PAZ | AP

Diez conocidos bancos de inversiones valorarán las acciones del paquete accionario que el gobierno boliviano pretende comprar en cinco empresas petroleras para tener con control de las mismas, se informó el viernes.

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz mencionó, en una rueda de prensa el viernes, que los bancos invitados para realizar esa son, entre otros, el alemán Deutsche Bank y los estadounidenses Lazard y Merill Lynch.

Ortiz dijo que el gobierno desea concretar el próximo año la compra de la mitad más uno del paquete accionario en dos refinerías de propiedad de la brasileña Petrobras, en la transportadora de hidrocarburos Transredes de la holandesa Shell, y las acciones de un consorcio resultante de la quebrada Enron.

De acuerdo al decreto de nacionalización de los hidrocarburos que aprobó el presidente Evo Morales en mayo, la petrolera boliviana también deberá lograr el control de la mayoría de acciones en la petrolera Andina perteneciente a la hispano-argentina, Repsol YPF y en la empresa Chaco de la británica British Petroleum.

"No harán una auditoria, estos bancos de inversiones valorarán las empresas y la perspectiva futura del negocio y a partir de eso determinarán el valor del paquete accionario que debe comprar YPFB", dijo Ortiz.

La empresa boliviana, que el próximo año arrancará operaciones con un capital inicial de cinco mil millones de bolivianos, unos 633 millones de dólares, tomó el control del negocio hidrocarburífero tras la nacionalización pero aun no la logrado concretar la compra en aquellas cinco empresas.

Sin la apropiación por parte de YPFB del 50% más una de las acciones en esas filiales, Bolivia no tendrá plena soberanía sobre las operaciones que realizan.

Ninguna de doce empresas petroleras que operan se marcharon de Bolivia y todas ellas firmaron nuevos contratos a finales de octubre con el gobierno aceptando las reglas de la nacionalización que elevó los beneficios para el estado boliviano al 82% en el caso de dos megacampos.