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Viceministerio de Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria y sectores sociales
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Concluyen borrador de reglamento para Ley INRA
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| Por: Jackeline Rojas Heredia
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| El Instituto Nacional de Reforma Agra (INRA) junto a representantes de instituciones del agro, sectores sociales y técnicos del Viceministerio de tierras concluyeron hoy en Cochabamba la elaboración del borrador de reglamento con las condiciones normativas para la reciente Ley aprobada de Reconducción Comunitaria.
El objetivo, de acuerdo a declaraciones del representante del Viceministerio, Ibert Rocha, es analizar la elaboración de este borrador con todos los actores sociales incluidos sectores agrarios de la oposición para su pronta aprobación hasta marzo del siguiente año, de esa manera viabilizar los procesos de saneamiento y reconversión de las tierras improductivas.
Para elaborar el borrador de reglamento trabajaron seis comisiones integradas por técnicos de la Cidob, Conamac, de la confederación de campesinos y demás instituciones en diferentes ejes temáticos, como los temas estructurales de fondo que tienen que ver con la reversión, la expropiación y la distribución de tierras.
Otra comisión trabajó en las modificaciones al proceso de saneamiento, lo que se quiere lograr aquí, es acortar o anular etapas que permitan desburocratizar el procedimiento. Rocha afirma que "El saneamiento siempre ha sido un proceso demasiado complejo y traumante para los actores partícipes de él, queremos hacerlo ahora menos complejo, más ágil, más expedito y con el menor costo posible", remarcó.
Agilizar el proceso
Entre estas modificaciones al proceso de saneamiento una de las prioridades es acortar los tiempos, es decir, "que un proceso no dure más de un año, que se lo pueda realizar entre seis a ocho meses como máximo", afirma Ibert Rocha.
Otra comisión ha sido la encargada de trabajar con los temas de adecuación institucional. Según Rocha, tanto el INRA como las comisiones agrarias han adquirido nuevas competencias en función de lo establecido por la Ley de Reconducción Comunitaria, entre ellas la elaboración de las adecuaciones pertinentes.
Otros temas de trabajo de acuerdo a la información de Rocha, tienen que ver con las personalidades jurídicas que se ha incorporado a la ley de Reconducción Comunitaria.
Se prevé para enero del siguiente año llegar a un consenso con todos los actores involucrados para que este borrador de reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria llegue a su pronta aprobación, luego de presentarse primero a la Comisión Agraria Nacional (CAN) y al Gabinete.
Trabajadores de Aguas del Illimani se declaran en emergencia
Piden participar de transición a la nueva empresa de agua
La Paz | ANF
El Sindicato de Trabajadores de Aguas del Illimani (AISA) se declaró en emergencia y pide participar del proceso de transición hacia la nueva empresa que administrará, a partir de 2007, el servicio de agua potable y alcantarillado en La Paz y El Alto.
En representación del sindicato, Víctor Alcázar, pidió al Gobierno respetar las fuentes de trabajo de más de 200 personas, quienes se encuentran en estado de emergencia a la espera de conocer el futuro de la empresa que aún es administrada por la francesa "Suez Lionise de Aux".
Alcázar dijo que los trabajadores están en alerta desde enero de 2005, cuando comenzaron los problemas en la empresa con las demandas ciudadanas que buscaban la expulsión de la multinacional francesa. Aclaró que los trabajadores demandan estabilidad laboral.
A pesar del estado de emergencia en él se declararon, el Sindicato de AISA informó que no dejarán de prestar el servicio a la ciudadanía durante el proceso de transición, aunque exigieron a los futuros socios de la nueva empresa participar de las negociaciones.
Uno de estos socios, el alcalde de La Paz, Juan Del Granado, informó que el proceso de transición durará seis meses y que la administración de la compañía será entregada en enero al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que coadyuvará en el diseño de la nueva compañía.
Entre tanto, los directivos de AISA renunciaron a sus cargos con el propósito de iniciar la transición que hará de esta empresa una compañía pública de servicios de la que participarán las alcaldías de La Paz y El Alto y eventualmente el Gobierno.
El ministro de Aguas, Abel Mamani, confirmó que se termina el contrato con la transnacional francesa Suez, propietaria de Aguas del Illimani, cumpliendo con disposiciones legales vigentes en el país y sin adoptar acciones que vayan contra los intereses del propio Estado.
Garantizó la transferencia de las acciones en forma transparente sin perjudicar a las poblaciones de ambas ciudades en respuesta a rumores sobre supuestos arbitrajes o indemnizaciones por daños y perjuicios por 100 millones de dólares.
Empresa Pública y Social
Con una inversión de 5,5 millones de dólares, en enero de 2007 el Gobierno creará la Empresa Pública y Social para las ciudades de La Paz y El Alto en lugar de Aguas del Illimani, cuyo contrato fenece indefectiblemente este 31 de diciembre.
Para el efecto, se creará un directorio transitorio de la Empresa Pública y Social, cuyas acciones estarán en manos del Estado, con participación de los movimientos sociales y los dos municipios.
El Directorio de la Empresa Pública y Social, cumplirá funciones por seis meses y tendrá una marcada característica social, con mucha fiscalización y participación de los principales actores de la sociedad civil de las ciudades de El Alto y La Paz.
Evaluación de gestión
Ibert Rocha en calidad de representante del viceministerio de tierras afirma que en un año de gestión de gobierno se ha emitido 7 decretos supremos que reajustan los mecanismos de redistribución de tierras, que adecuan a las necesidades de las organizaciones y de la necesidad jurídica de Bolivia, "hemos ampliado el proceso de saneamiento 7 años más con una ley corta y lo que hacemos es reconducir estructuralmente el proceso agrario a través de la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, pero además, en este año de gestión gubernamental estamos llegando a 5 millones de hectáreas de titulación de tierras y eso representa más del 50% de la distribución de tierras en 10 años y nosotros lo estamos haciendo en un año", afirmó.
Entre las proyecciones, Rocha asegura que el próximo año continuarán con la resolución de los temas estructurales con aplicación de la ley. Para cumplir dicho propósito se ha planificado el "tiempo justo para tener las condiciones normativas ya resueltas", una de esas condiciones es tener el reglamento elaborado, aprobado, concertado y legitimizado.
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