Finalmente, el gobierno del presidente Evo Morales parece decidido a que el transporte interdepartamental pase al Régimen General de tributación, de modo tal que 177 empresas empiecen a emitir facturas por su servicio y pagar el correspondiente impuesto, medida que ninguna de las pasadas administraciones se animó a adoptar, permitiendo más bien al sector acogerse al Sistema Integrado Tributario próximo a fenecer, a cuyo amparo contribuía al fisco algo más de 14 mil bolivianos anuales, estimándose que con el cambio la cifra se incrementará a los 19 millones en igual período.
No se explica semejante gracia para con las comúnmente llamadas flotas de transporte, y sí más bien su ploriferación y el número de unidades motorizadas con que cuentan, valuadas entre 70 y 190 mil dólares cada una.
Para lograr el cometido, el Ministerio de Hacienda sostendrá hoy una reunión con la Confederación de Choferes de Bolivia, que desde luego anticipó su oposición amenazando movilizarse si se intentaba siquiera quitarles el beneficio sin par a sus afiliados, que en los hechos son más empresarios privados que conductores, alguno de ellos propietario de hasta 44 lujosos autobuses.
Si se impone la sana iniciativa no sólo redundará en el incremento de los ingresos nacionales, sino que establecerá una mayor equidad en materia tributaria, por más de que otros componentes de la economía continúen todavía gozando de franquicias inadmisibles en cualquier país medianamente organizado.
