A casi 10 años de iniciado el proceso de saneamiento, en Bolivia sólo se titularon 10,6 millones de hectáreas es decir el 10 por ciento de la extensión del territorio nacional sujeta a ese proceso, para lo que se destinaron más de 80 millones de dólares. El gobierno del presidente Evo Morales se fijó la meta de sanear 96,1 millones de un total de 106,7 millones de hectáreas hasta 2011.
Entre octubre de 1996 a junio de 2006, los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revelan que de 106,7 millones de hectáreas objeto de saneamiento, el 48 por ciento está en proceso y el 52 por ciento en espera.
En el departamento de La Paz, de una superficie por depurar de 12,8 millones de hectáreas, sólo se tituló de 962.000, es decir ni un millón de hectáreas.
En Cochabamba de 5,4 millones de hectáreas se tituló 559.000.
En Beni de 20,9 millones se regularizó la situación de sólo 1,8 millones hectáreas.
En Pando se tituló1,6 millones de un total de 6,3 millones de hectáreas; en Santa Cruz de 36,8 millones, 4 millones.
Donde hay menos avances es en los departamentos de Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca.
La Ley INRA, de 18 de octubre de 1996, fijó un plazo de 10 años para concluir con el ordenamiento de las 106,7 millones de hectáreas del país. El saneamiento de tierras es una actividad técnica y jurídica orientada a regularizar y consolidar el derecho de propiedad agraria.
Los frenos al proceso
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que el saneamiento de tierras en nueve años y siete meses no registró avances, debido a que distintos gobiernos determinaron "obstruir y de distorsionar" el proceso agrario para favorecer a "grupos corporativos". A este problema se sumó la debilidad de gestión del INRA.
Indicó que la contratación de empresas para que realicen el saneamiento significó un fracaso para Bolivia y un "excelente" negocio para las empresas extranjeras Inibsa y Gadaster.
El ex director del INRA, Alcides Vadillo, reveló que uno de los problemas para que no se haya acelerado la depuración de tierras se debió a que la cooperación internacional definió qué terruños se debían sanear. A ello se sumó la burocratización de los trámites al interior del INRA entre 1996 a 2002.
El año pasado la Contraloría General de la República develó que entre octubre de 1996 a diciembre de 2003 se otorgaron títulos sin cumplir los reglamentos, por lo que advirtió que existe el riesgo de que los procesos de saneamiento realizados por el INRA queden nulos.
Este miércoles, el Gobierno anunciará el inicio de una nueva Reforma Agraria. Los resultados de la primera, del 2 de agosto de 1953, son poco alentadores. Los campesinos accedieron a la tierra, en occidente, pero ahora enfrentan la sobreparcelación; en el oriente se ha consolidado el latifundio. La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en 10 años de aplicación desde 1996, sólo alcanzó el 10 por ciento de su meta de titular todas las tierras. Estos temas son las tareas pendientes de la Revolución Agraria que pretende Evo Morales.
Nace otra Reforma Agraria 53 años después
El 2 de agosto, el gobierno de Evo Morales anunciará en la histórica población de Ucureña el inicio de una nueva Reforma Agraria.
Los resultados de la primera, del 2 de agosto de 1953, muestran muchas sombras y muy pocas luces.
Aunque los campesinos de occidente accedieron a la tierra, ahora enfrentan la sobreparcelación bajo el estigma del surcofundio y a esto se suma que no tuvieron acceso a la mecanización. En el otro extremo, se ha consolidado el latifundio en la región oriental; la tenencia de grandes extensiones sin actividad productiva, al amparo del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto de Colonización, es común.
En medio camino, está la experiencia de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en 10 años de aplicación desde 1996, sólo alcanzó el 10 por ciento de su meta de titular todas las tierras. No superó la sobreposición y entrega fraudulenta de títulos, y mucho menos el surcofundio, el latifundio, ni la falta de un desarrollo del agro, que fueron las herencias de 1953. Estos temas son las tareas pendientes para una nueva Reforma Agraria.
El Gobierno actual ha lanzado ya parte de lo que denominó la "Revolución Agraria" con la promulgación de decretos destinados a agilizar el saneamiento y la distribución de tierras.
La segunda parte, y la más importante, se comenzó a materializar con la presentación de un proyecto de ley de Modificación a la Ley INRA que, aunque fue aprobado por la Comisión Agraria Nacional (CAN), su aprobación fue trabada por la oposición en el Congreso bajo el argumento de falta de consenso.
De todas maneras, Morales, que inicialmente planificó promulgar la nueva ley de tierras en Ucureña, lanzará su revolución agraria, este miércoles, poniendo en ejecución la mecanización del agro, algo de lo que se olvidó, entre otros, la reforma del 53.
Tierras, pero no tractores
A 53 años de iniciado el proceso de la Reforma Agraria en Bolivia, el minifundio en el altiplano y valles se consolidó al igual que el latifundio en el oriente situación que dio pie a la existencia de grandes conflictos entre comunidades, familias y movimientos que buscan tener acceso a la tierra. A ello se suma el incremento de la migración del campo a la ciudad, debido a la pobreza.
Si este problema no es resuelto a la brevedad estallará como una "bomba de tiempo", advirtió, Gonzalo Colque, responsable de Investigación de la Fundación Tierra.
En los últimos cinco años, la toma o el avasallamiento de tierras está enfrentando a empresarios con los Movimientos Sin Tierra y los Pueblos Indígenas. En los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé e incluso de Evo Morales, las tomas de tierra están en el centro del debate político.
La Reforma Agraria, que entró en vigencia con la promulgación de la ley del mismo nombre el 2 de agosto de 1953 en la población de Ucureña, fue considerada como uno de los hitos más importantes del proceso revolucionario que comenzó en 1952.
Se dio en un contexto de inequitativa estructura de la tenencia de parcelas y fue concebida bajo el principio de "la tierra es del que la trabaja", señala el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
Con la norma buscaba redistribuir y titular predios mediante la afectación y eliminación del latifundio, incorporando el derecho del sector campesino a la dotación gratuita de tierras. Para el Cejis durante los 39 años de vigencia de la Reforma esos objetivo se cumplieron porque se afectaron latifundios ociosos en los valles y el altiplano.
No obstante, con los años, se presentaron dos problemas: la excesiva parcelación de la propiedad que derivó en formas minifundiarias de tenencia, en las tierras altas; pero en las tierras bajas se produjo una alta concentración de terruños en pocas manos.
Esa agrupación fue posible gracias a las irregularidades y corrupción reinante en el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización.
Estas instituciones otorgaron varias titulaciones en las mismas áreas, ocasionando innumerables sobreposiciones, afirmó Colque.
Entretanto, la titulación "fraudulenta" de tierras se dio en el oriente entre 1960 a 1980 producto de la acción de gobiernos dictatoriales, que permitió la concentraron en pocas familias lo que originó "la existencia de un mercado negro de terruños".
Los problemas continúan
A 53 años de iniciada la revolución por la tierra, la mayoría de los comunarios en el altiplano y valles carecen de títulos de propiedad, de seguridad jurídica y el saneamiento previsto por la Ley INRA no llegó.
Hay gente que otorgó sus terruños como herencia pero no tiene papeles para demostrarlo por lo que hay serios enfrentamientos por esta razón.
A este problema se suma que la tierra dejó de tener el valor económico agropecuario pues ya transcurrieron por estos terruños tres generaciones que "agotaron la tierra" debido a la falta de una política de desarrollo, por lo que pervive la yunta.
La puesta en vigencia de la Ley de Reforma Agraria y la creación del Consejo Nacional de Reforma Agraria dieron inicio a las políticas de distribución de tierras en favor de los pobladores del agro, que con el transcurso de los años se convirtieron en propietarios de pequeñas parcelas que antes de este proceso ya poseían.
ALEJANDRO ALMARAZ, VICEMINISTRO DE TIERRAS
"Nos comprometimos a que la distribución será participativa"
El Gobierno pretende llevar adelante una distribución más participativa en razón de que su idea inicial, de que sea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se encargue de este proceso, fue rechazada por empresarios y autoridades del oriente.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, hizo una evaluación del proceso de saneamiento, que, en su criterio, fracasó por la falta de voluntad política de anteriores gestiones de gobierno.
Dijo que la mayor parte de los más de 80 millones de dólares gastados en esta tarea fueron a parar a manos de las empresas.
-¿Qué pasos van a ser simplificados en el proceso de saneamiento?
-En el proyecto de ley se está contemplando, como ya se lo hizo en uno de los decretos supremos de junio, el procedimiento de saneamiento sin más trámite para pequeños propietarios y propietarios comunitarios, no solamente para los que tienen títulos sino también para los beneficiarios agrarios en trámite e incluso a los poseedores legales.
Luego se está proponiendo una simplificación en los recursos administrativos en la fase jurisdiccional del proceso, evitando la innecesaria combinación de procesos administrativos y el proceso contencioso administrativo que se sustancia ante el TAN (Tribunal Agrario Nacional). En unos casos procederá solamente el recurso contencioso administrativo y en otros los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico.
-Simplificando los trámites ¿cuánto tiempo durará el saneamiento?
-No lo sé exactamente, ese cálculo tendría que hacérselo con una mejor evaluación de los procesos operativos.
- ¿Con qué recursos se agilizará?
- Con 23 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un aporte importante de la cooperación danesa, no recuerdo el monto, y esperamos contar con cifras menores con el aporte de la cooperación holandesa, de la Unión Europea (UE) y probablemente de algunas otras entidades de cooperación internacional. El seaneamiento admite también que las comunidades hagan un esfuerzo en especies. Hay muchas posibilidades de financiar el proceso sobre todo con la premisa de que debe abaratarse, de que debe ser más barato, más rápido y transparente.
Todos los involucrados en esto deben entender que el saneamiento es un instrumento, es un proceso revolucionario y no un negocio. Esta es la clave para resolver este problema.
-¿Cuánto cuesta sanear una propiedad?
-Es difícil establecer un precio porque depende de cada propiedad, es decir cuantos puntos tiene, cómo está el acceso respecto de centros poblados y de sus condiciones naturales.
-La Ley INRA había previsto 10 años para concluir el saneamiento, ¿cuánto tiempo tomará ahora?
-No podemos estimar todavía, estamos en un proceso de evaluación en el que el INRA tendrá que aportar la mayor parte de la información, y la pretensión que está expresada en el proyecto de ley es que esa evaluación nos permita definir un nuevo plazo que podría hacerse a través de un decreto, que la ley lo prevé.
-¿Cómo está avanzando la dotación de tierras?
-Lo que hemos establecido, y es un paso fundamental adelante, es la garantía legal de que existirán tierras para dotar.
Ésa es la función que tiene el decreto de distribución de tierras fiscales aprobado el 3 de junio. Hay tierras fiscales disponibles, 2,5 millones de hectáreas declaradas y habrá otros 2 millones en el curso de próximos meses. Además establecemos que el destino de las tierras fiscales disponibles que resulten del proceso de saneamiento será también la dotación. A partir de esta base legal que debería ser parte de un nuevo marco jurídico e institucional para la revolución agraria, es que empezaremos el proceso operativo que partirá por su planificación. Lo que el Gobierno ha comprometido es que este proceso de planificación de la distribución operativa de las tierras fiscales será participativa, es decir, tendremos un proceso de discusión en el que se incluirán a los distintos sectores sociales, pero también a las otras instancias estatales que de una u otra forma deben involucrarse, como son las prefecturas y los municipios que en la prestación de servicios que les corresponde por ley deben apoyar en la distr bución de tierras.
-¿Cuándo comenzará este proceso?
-Después de aprobarse la ley.
