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Corte Interamericana condena a Brasil y Venezuela | | 30-08-2006 - 14:50 h. | | San José | EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, informó hoy de que condenó a los Estados de Brasil y Venezuela por casos de violaciones a las garantías fundamentales en esos países.
Brasil fue declarado culpable por el caso conocido como Ximenes Lopes y Venezuela por el Montero Arangurén, en sentencias dictadas a principios de julio pero que debido a procedimientos internos de la CIDH no se han hecho públicas hasta hoy.
Los jueces de la Corte consideraron que el Estado brasileño violó los derechos a la vida y a la integridad personal de Damiao Ximenes Lopes, tal y como lo había reconocido en una audiencia previa.
Además, que el Estado brasileño violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la familia de Ximenes, al no investigar apropiadamente los hechos.
El caso se refiere a las condiciones "inhumanas y degradantes" a que fue sometido Ximenes, un discapacitado mental, en un centro público de salud en el que fue agredido por los funcionarios cuando era sometido a tratamiento psiquiátrico y murió en octubre de 1999.
La Corte sentenció a Brasil a continuar las investigaciones del caso, a publicar en el plazo de seis meses en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional la sentencia de la CIDH y a desarrollar un programa de formación y capacitación para el personal vinculado con la atención de salud mental.
Además, el Estado brasileño debe pagar antes de un año a los familiares de la víctima una indemnización no especificada en el comunicado.
Por su parte, el Estado de Venezuela fue declarado culpable en el caso Montero Aranguren, por "violar el derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de 37 personas durante un disturbio en una cárcel en noviembre de 1992".
El Estado incurrió en uso excesivo de la fuerza y hasta en la ejecución extrajudicial de varios internos; además de mantener en condiciones inhumanas de detención a los presos y no realizar una investigación oportuna y completa, según la sentencia.
Los jueces ordenaron a Venezuela a tomar "todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas".
También "garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín", además de "adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecúen a los estándares internacionales relativos a esta materia".
La CIDH instó al Estado venezolano a "entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de la fuerza" en los centros penitenciarios.
El estado de Venezuela también deberá pagar a los familiares de las víctimas una indemnización no especificada en el comunicado.
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