Santiago de Chile | Agencias.- El juez Carlos Cerda, que investiga en Chile el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, fue conminado ayer, por segunda vez, por una sala de la Corte de Apelaciones, a paralizar temporalmente el caso, mientras se resuelve un recurso presentado por la defensa del ex dictador.
Según fuentes judiciales, la V Sala del tribunal de alzada ratificó una decisión del pasado viernes, que acogió una orden de no proseguir mientras no se resuelva el recurso de la defensa.
Esa orden había sido desestimada anteriormente por el juez Cerda, que en los años 80, cuando tramitaba un importante caso de violaciones a los derechos humanos, estuvo a punto de ser expulsado del Poder Judicial por negarse a acatar órdenes de sus superiores de revocar el procesamiento de militares.
Esa actitud le costó a Cerda la animadversión de la dictadura y de la derecha política, que el pasado enero vetó en el Parlamento su ascenso a la Corte Suprema.
El abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez, acusó a Cerda de haber emitido opinión sobre la salud del ex gobernante (1973-1990) antes de asumir la investigación de las cuentas secretas descubiertas al ex dictador en el extranjero, por lo que pidió su inhabilitación.
Cerda procesó a Pinochet por fraude tributario y falsificación de pasaportes y la orden de detener temporalmente el proceso se produjo en momentos en que se consideraba inminente un nuevo procesamiento, esta vez por malversación de fondos públicos.
Según la investigación, en la que además están procesados algunos familiares y allegados de Pinochet, el ex dictador acumuló una fortuna superior a 26 millones de dólares a través de cuentas secretas abiertas en el extranjero con dinero de dudosa procedencia.
Cerda se negó a cumplir la resolución sobre la base de que sería ilegal, pues en ella participó el juez Alfredo Pfeiffer, que a su juicio está inhabilitado para actuar en este proceso.
Según Cerda, el propio Pfeiffer reconoció su inhabilitación en un dictamen de junio pasado, cuando por otra situación procesal se excusó de reemplazarlo por haber conocido "hechos de fondo" del expediente.
Sobre esa base, Cerda argumentó a la Corte que la orden de paralizar el juicio fue emitida "por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, con lo que evidentemente contraría las leyes básicas de la sustanciación de los procedimientos".
La rebeldía de Cerda se sustentó en un artículo del Código de Procedimiento Penal, que permite a un juez de primera instancia suspender los efectos de una resolución que pueda haberse adoptado de forma errónea, ilegal o arbitraria.
Piden respaldar al juez
Organizaciones de derechos humanos llamaron a respaldar al juez Cerda, quien se niega a acatar un fallo judicial.
"Cerda es un ejemplo ético en este país que bien harían en seguir otros jueces que no tienen ninguna vergüenza en hacer de la complicidad con la dictadura una regla general", afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Pizarro llamó a la solidaridad nacional e internacional "en defensa de un juez que, con la misma actitud valiente que en esta ocasión, enfrentó la dictadura en 1986", para evitar que se cerrara una investigación sobre el Comando Conjunto del régimen militar.
"Con esa valiente actitud, el magistrado permitió conocer el destino de muchos de nuestros familiares desaparecidos", dijo la dirigente al recordar que a causa de su actitud en aquella oportunidad el juez fue sancionado y casi expulsado del poder judicial.
Pizarro destacó que gran parte de la verdad con que cuenta hoy el país, acerca de los crímenes cometidos en la dictadura, se conoce gracias al juez Cerda y otros como él que son excepciones dentro del Poder Judicial chileno.
Resaltó que precisamente por ser justos, por su rectitud y valentía son postergados en sus carreras profesionales.
ADVERTENCIA
El juez español Baltazar Garzón advirtió ayer que el ex dictador chileno todavía tiene orden de detención en España por violaciones graves a los derechos humanos.
Garzón, quien logró en 1998 que el ex gobernante de facto fuera detenido por casi dos años durante una visita que hizo a Londres, explicó que una orden de detención lo que significa es sólo que la persona no ha podido ser presentada en los tribunales.
"En el momento en que eso acontezca, la situación puede ser desde la prisión a la libertad. Si esto no se ha producido, no puede venir el juez y llevárselo de la mano. Tiene que utilizar los mecanismos únicos que establece el derecho", dijo el magistrado, quien desde el sábado se encuentra de visita en Santiago de Chile.
