Una vez más el ex-presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, con documentos en la mano, se ha pronunciado sobre el caso de los misiles chinos y, tiempo de reiterar su inocencia, denuncia que es "víctima de una persecución política" y de estar en manos de una justicia "abusiva" que podría condenarlo a 30 años de prisión.
Los documentos que presenta son convincentes y lo liberan de una responsabilidad directa en este tema del que sí deben responder los altos mandos militares de esa época y funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, quienes tramaron toda la operación que culminó con la salida de los misiles del país. Es de suponer que el Gobierno conoce todos los antecedentes; sin embargo insiste en acusar al ex-mandatario con argumentos poco sustentables y es el propio presidente Morales, en una actitud criticable, quien asegura tener pruebas que le fueron proporcionadas por un funcionario de esa misión diplomática; esta afirmación, al menos por el momento, carece de seriedad puesto que el Primer Mandatario no identificó a esa supuesta fuente, incurriendo, de existir ésta, en un evidente caso de ocultación de evidencia.
Mientras la ofensiva oficial contra el Dr. Rodríguez no para, las voces de apoyo al ex-mandatario aumentan en diversos círculos del país. Se considera que es víctima de un injusticia que se inicia con un irregular acusación planteada por un cuestionado fiscal y aprobada por una Corte Suprema, cuya imparcialidad, cuando se trata de su ex-presidente, está en duda por antecedentes que son de conocimiento público.
Pese a encontrarse solo, el ex-mandatario anuncia que asumirá su defensa con energía y, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales para que le garanticen un proceso limpio e imparcial. Lejos estaba de imaginar que cumplir con éxito un deber que le asignaba la Constitución Política sería retribuido con un injusto proceso judicial.
