Estoy tratando de rastrear, por los medios disponibles, el libro que acaba de ser presentado y discutido en la Universidad de Puerto Rico, "Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos", que recoge 10 estudios sobre la situación en varios países. La presentación estuvo a cargo de Coletta A. Youngers, una de las editoras e investigadoras de la obra.

Entre tanto, me anticipo en transcribir algunas de las conclusiones que contiene el libro, con las que ya hace algunos años coincidieron analistas bolivianos del tema:

La política de Estados Unidos contra las drogas ha sido un fracaso porque no ha conseguido su objetivo de reducir el tráfico y consumo, y más bien ha provocado la degradación del respeto a los Derechos Humanos.

La política antidrogas de Estados Unidos no está funcionando, ya que no existe ninguna prueba de que haya servido para algo después de 25 años y el gasto de 25.000 millones de dólares. Pero los "daños colaterales" se sienten en todo el hemisferio.

Como no podía ser de otro modo, se citó el caso específico de Bolivia, "donde se eterniza un patrón de asesinatos, detenciones ilegales y otros abusos".

Es lamentable, comentó Youngers, que el éxito de las políticas se midan con indicadores que no reflejan la realidad, como el número de detenciones que, por ejemplo, obliga a Ecuador a cumplir con una cifra que hace que en las cárceles el 70 por ciento de las mujeres recluidas lo estén por delitos relacionados a las drogas.

Podemos deducir que algo similar sucede en Bolivia, donde la lucha antidrogas prefiere atacar a los eslabones más débiles del circuito de la cocaína, representados por los pisacocas, las "mulas" o los "tragones" que llegan al extremo, empujados por la pobreza, de arriesgar su vida transportando bolsitas de droga en el estómago.

El apoyo económico que recibe por cuenta gotas Bolivia para combatir las drogas, se gasta sobre todo en planes de represión, más que en el famoso "desarrollo alternativo", una estrategia válida y plausible pero que sólo obtiene mínimo apoyo. Un dirigente cocalero hace años tuvo una frase muy gráfica al decir que "el desarrollo alternativo" es como "una mamadera sin leche". El "desarrollo alternativo" tampoco hace nada efectivo para asistir a las provincias más pobres de Cochabamba y otras regiones, donde la carencia de servicios básicos de salud y educación, así como de agua potable y para regadío provocan un éxodo permanente de campesinos que en buen porcentaje se enrolan en el engranaje de la economía informal del trópico cochabambino. Bastaría dar un vistazo a provincias como Arque, Bolívar y Tapacarí, las más misérrimas del departamento, para explicarse por qué nuestras ciudades están siendo invadidas por trabajadores agrícolas que no tienen mínimos estímulos morales y materiales para dedicarse a la pro ucción agropecuaria.

Pero el libro presentado en la Universidad de Puerto Rico aborda otro aspecto todavía más grave y complejo, como el hecho de que la política antidrogas tiende a desestabilizar a los gobiernos democráticos militarizando las fuerzas de seguridad. El ejemplo más elocuente es el famoso Plan Colombia y ahora estaría en acelerada gesta otro enclave militar de represión en el Paraguay, con el visto bueno que este país dio para el ingreso y la impunidad de efectivos militares estadounidenses, en cuya mira no sólo estarían recursos naturales como el gas y el agua, sino también los movimientos sociales de la región tipificados como "subversivos".

Los "daños colaterales", eufemismo que Estados Unidos utiliza cuando sus misiles cobran víctimas inocentes en Irak o Afganistán, en el caso de Bolivia han provocado también algo que no estaba en los planes del gran imperio: activar la aparición en la escena política de un vigoroso movimiento social e indígena representado por Evo Morales.

Entonces, parece más apropiado hablar de "control" que de una guerra eficaz y verdadera contra las drogas. Control de un flagelo mundial en función de los intereses imperiales, por los réditos económicos y políticos que reporta.