La Confederación de Choferes de Bolivia ha sumado un eslabón más a la ya larga cadena de sinsentidos que asfixia a la nación al demandar del gobierno la administración del cobro de peajes en el sistema caminero para, según su ejecutivo, mantener las carreteras e inclusive asfaltarlas, en el supuesto de que el Servicio Nacional del rubro no cumple a cabalidad sus tareas, por lo que los transportistas pidieron, asimismo, la renuncia de su Presidente.

La ya vieja pretensión va en contra de la modalidad vigente, mediante la cual dos empresas privadas tienen a su cargo la recaudación por el uso de las carreteras en el país, que reporta cada año mayores ingresos para el SNC, más concretamente para su Cuenta de Conservación Vial, circunstancia que debiera satisfacer a los empresarios y trabajadores del volante, autores --entre otros factores-- del deterioro de los caminos por excederse en la carga que llevan sus unidades.

Exigentes como el que menos en estos tiempos en que cada quien procura lo que se le antoja, el sector del volante no podía ser la excepción, máxime si se recuerda su inveterada costumbre de lograr ventajas de las administraciones de turno y el reciente descubrimiento de los recursos que su institución matriz recibe de la Policía por la extensión de licencias de conductor y otros valorados, sin que se hubiese aclarado el destino de las partidas.

Es de suponer que el despropósito que nos ocupa no pasará de consignarse en la lista de los hechos insólitos que sólo ocurren en Bolivia.