Bolivia tiene a la mano la posibilidad de convertirse en centro energético del cono sur del continente, así como de superar los índices de pobreza que padece su población.
Con la firma de los diez nuevos contratos para la exploración y explotación de los hidrocarburos en expectantes condiciones para el país, el gobierno del presidente Evo Morales ha dado por consolidada la que vino en llamar nacionalización de esta riqueza natural, dispuesta mediante decreto promulgado a principios del mes de mayo pasado.
Se trata de un logro de importancia desde que el 82 por ciento de los ingresos que genera la industria petrolera irán al Tesoro General de la Nación, estimándose que en lo inmediato, las partidas sumarán algo más de mil millones de dólares al año, y que dentro de otros cuatro llegarán a los cuatro mil.
Las empresas transnacionales signatarias de los documentos que establecen condiciones así de favorables invertirán dos mil millones de dólares en el corto plazo, poniendo de tal forma término al período en que por la incertidumbre que despertó aquella medida en el sector, habían paralizado la ejecución de sus planes y programas.
A cambio, el gobierno se comprometió a garantizar sus operaciones y brindarles la seguridad jurídica que con insistencia vinieron demandando a lo largo de los últimos seis meses.
Algo pendiente de resolución, sin embargo, es la cuestión del precio del gas que se exporta al Brasil; el traspaso de las refinerías en poder
de Petrobras, que la administración se propone elevar y recuperar, respectivamente, y acaso lo más complicado, la aspiración del Estado de alcanzar el 50 por ciento más uno del patrimonio de las compañías extranjeras para que un remozado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se haga cargo de toda la cadena productiva, incluyendo la comercialización de los carburantes.
El paso dado puso fin a serie de dudas e inquietudes que aquejaron a la opinión pública a partir de la aprobación del decreto aludido, máxime si desde las sedes centrales de las compañías involucradas se anunciaron acciones de defensa de lo que consideraron intereses malogrados por conducto unilateral, sea a través de la justicia boliviana o de tribunales internacionales de arbitraje, extremos que finalmente no se hicieron realidad. Peor aun, el entredicho estuvo a punto de incidir de manera negativa en las relaciones con Brasil, el mayor comprador del gas, seguido de la Argentina, con quien se convino una significativa ampliación del acuerdo de compraventa y la mejora del precio, situación que tampoco se lamentó.
En esta coyuntura Bolivia, no cabe duda, tiene a la mano la posibilidad de convertirse en el centro energético del cono sur del continente, con perspectivas inclusive de industrializar sus hidrocarburos, así como de superar en marcha acelerada los índices de pobreza que padece su población, siempre y cuando sepa utilizar adecuadamente los recursos que percibirá por la enajenación de una riqueza no renovable pero de alto valor en la era actual.