Para mañana se tiene prevista la difusión de lo que será nueva política fiscal en materia de minería, habiéndose adelantado que representará una nueva nacionalización, aunque sin expropiación de ningún centro productivo, sino reversión de aquellos que no recibieron inversiones de parte de sus concesionarios.
Es de ese modo que el gobierno quiere revitalizar la Corporación Minera de Bolivia, sobre la base de un fondo financiero de cerca de diez millones de dólares.
El mayor problema a la vista, sin embargo, es el de los cooperativistas que explotan por cuenta propia varias minas del Estado, en algunos casos de manera paralela con los asalariados de la propia entidad, motivo de permanente conflicto y riesgo de violencia, como la observada recientemente en Huanuni, donde después de los enfrentamientos los primeros aceptaron integrarse en el marco de la Ley del Trabajo, a pesar del rechazo de su organismo matriz a los planes oficiales.
En este contexto, puede ser que Comibol se vea de pronto con legiones de supernumerarios ex cooperativistas, o enfrente la oposición de estos a cambiar de condición y se aferren más bien a la que hoy los beneficia, negándose a dejar de explotar las minas en que se encuentran o procediendo a la toma de otras, como ya se ha anunciado.
¿Podrán las autoridades hallar el justo medio y conciliar intereses en pugna?
